ATOCHA, cuarenta años después

matanza de atocha
Multitudinaria manifestación tras la matanza de Atocha

Se cumplen 40 años. Aunque nunca ha pasado inadvertido el aniversario de la matanza de Atocha, en esta ocasión se multiplican los artículos en prensa, los homenajes. Es necesario recordar, no olvidar, honrar la memoria de los Abogados de Atocha, como se denomina la Fundación que, creada por el sindicato de CCOO, se dedica a mantener vivo el recuerdo de aquellos hombres y mujeres. Que nadie olvide lo que fueron, lo que soñaron, su imborrable testimonio de dignidad, como ha escrito en un emocionado tweet Gerardo Pisarello.

Tuve la suerte de entablar amistad con Lola González Ruiz, a través de Joaquín Aparicio, y me une una buena relación de camaradería y de cariño con Alejandro Ruiz Huerta que se ha convertido en el último superviviente de la matanza. En ellos pienso siempre que se recuerdan estos terribles siete días de enero de 1977, un tiempo de furia y de temor, pero también de esperanza y de sueños de un cambio material e importante de las condiciones de existencia social de este país, de la lucha por la democracia para salir de esa larga noche de piedra que constituyó el franquismo. Formé parte, con otros amigos –Nieves San Vicente, Joaquín Aparicio, Enrique Lillo, Mamen Cañedo –del Patronato de la Fundación, y durante un tiempo compartí deliberaciones en el jurado del premio “Abogados de Atocha” que otorgaba cada año la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, a una personalidad relevante que había sobresalido en la defensa de los derechos humanos y laborales. Hasta que tras las elecciones de mayo del 2011, la llegada al gobierno regional del Partido Popular supuso la cancelación del premio “por motivos presupuestarios”. Ha sido CCOO de Castilla La Mancha la que ha recuperado ese premio como homenaje unilateral a los abogados del PCE y de CCOO, que fueron asesinados aquel 24 de enero de 1977 a los que la derecha política de esa región había negado su reconocimiento.

Un reconocimiento por parte de las autoridades públicas que ha tardado y ha sido difícil. Ningún presidente de Gobierno –ni González ni Aznar– tuvieron a bien recibir al Patronato de la Fundación Abogados de Atocha hasta que lo hiciera Jose Luis Rodriguez Zapatero en el 2007, con un discurso fuertemente autocrítico respecto a la insensibilidad del poder público respecto de la memoria de este hecho terrible, relacionándolo con las iniciativas, sostenidas desde la izquierda, para la recuperación de la memoria histórica que, sin embargo y como se sabe, fue incapaz de superar las tremendas resistencias al despliegue de sus efectos.

Este es un dato importante para retener, porque la matanza de Atocha fue obra de un grupo de pistoleros fascistas, sin duda comandados y ordenados por fuerzas económicas y políticas muy importantes que los tribunales –un aparato judicial que había sido conformado por el franquismo como legitimador de sus políticas represivas y que se hallaba intacto en su composición antidemocrática– impidieron investigar. Se definiría hoy como un acto terrorista, pero la derecha de este país representada por el Partido Popular, sitúa este hecho en el mismo espacio que las violaciones continuas de derechos ciudadanos –detenciones, malos tratos, torturas y muertes– provocadas por las fuerzas de seguridad del franquismo, y por tanto cancelado de la memoria histórica, como el resto de las violaciones de derechos y sufrimiento de las personas que originó la dictadura. Por eso recordar la matanza de Atocha es “remover viejas heridas”, y su homenaje, como mantuvo el alcalde del pueblo que vio nacer a Angel Rodríguez Leal, el administrativo del despacho que fue asesinado junto a sus camaradas abogados, no puede tener lugar “para no herir sensibilidades”. La incomodidad del Partido Popular frente a unas muertes que no son “las suyas”, negando implícitamente que la lucha por la democracia y el sacrificio de aquellas personas integren el patrimonio de las referencias históricas ineludibles para cualquier partido que quiera definirse como democrático, y que forme parte del consenso ciudadano que dio origen a la Constitución de 1978.

Atocha, cuarenta años después, es un momento importante en la consolidación de una memoria histórica que, como sucede en España, es siempre incómoda.

Y Atocha cuarenta años después ha sido, asimismo, un dato importante para un debate en curso que se prolonga desde hace un tiempo y que se adentra en un cierto revisionismo de la posición del PCE y de CCOO en la transición. A favor y en contra, sin demasiados matices, como resultan hoy en día los debates políticos, transcritos en titulares de periódicos o en caracteres de un tweet. La izquierda domesticada, la Santa Transición, la rendición del PCE, son afirmaciones que tienen que ser contextualizadas y discutidas con más rigor, de manera que cada una de las imágenes que se ofrecen –ineludible, claudicante, victoriosa– se pueda problematizar y comprender en su complejidad. En esa discusión el asesinato de los abogados del PCE y CCOO se inscriben en un proceso en el que la conquista de la democracia y las libertades son un resultado ineludible que no admite dudas. Porque es indudable que el esquema de la transición diseñado por una amplia gama de sujetos “reformistas”, que incluían a sectores socialdemócratas y liberales muy hostiles a una ruptura democrática como la que se había producido en Portugal en 1974, discurría por parámetros excluyentes del PCE y de CCOO, cuya presencia política fue obtenida a partir de la lucha y de la movilización, y que marcó de forma muy importante el catálogo de derechos sociales incorporado a la Constitución, junto con la amnistía política y laboral y la plena implantación de las libertades civiles y políticas que implicaba que los ciudadanos no fueran reprimidos por su ejercicio. Un ejercicio que fue plenamente utilizado por cierto, en un período de ebullición cultural y social extremadamente rico que fue en cierta medida abortado por el golpe militar de 1981, y reconducido a los moldes de la “modernización” que el PSOE pondrá en práctica a partir de su mayoría absoluta obtenida en octubre de 1982, un proceso político que no coincide –y en cierto modo se opone – al de la democratización que impulsó el movimiento obrero y la lucha de los comunistas entre los cuales los abogados de Atocha constituyen un símbolo concluyente.

El asesinato de nuestros camaradas es un símbolo del sufrimiento y del dolor que una gran parte de la sociedad española hubo de pasar para obtener el goce de los derechos democráticos.

Atocha, por tanto, cuarenta años después es un momento importante en la consolidación de una memoria histórica que, como sucede en España, es siempre incómoda. Implica la refutación de un discurso que sitúa la transición como un proceso hegemonizado por la derecha y el franquismo, porque demuestra el carácter criminal y autoritario de un régimen que quería perpetuarse y la capacidad de la movilización social para situar el centro de sus reivindicaciones en la consecución de las libertades democráticas y en la reconciliación nacional, como bien simboliza El abrazo, el maravilloso cuadro de Juan Genovés que simboliza la imagen y el homenaje que lo sostiene de Abogados de Atocha. La decepción democrática es un acto muy posterior a aquel período en el que se produce el asesinato de estos luchadores por la libertad. Cualquiera que recuerde el clima político y cultural entre 1977 y 1981 podrá constatar la euforia por la democracia y los derechos, el amplio debate sobre el sentido de la democracia y su alcance, los proyectos tan diversos sobre el modelo de sociedad y de relaciones laborales que se debía poner en marcha, la discusión abierta y el áspero contraste sobre la división sindical, el marco autonómico, el papel de los jueces, la elaboración teórica y la creación de una opinión pública libre. Nadie tendrá –espero– ninguna objeción a esta sensación que atraviesa los años y se hace presente aún hoy.

Entender de qué se trata, por tanto, cuando hablamos de la matanza de Atocha y por qué hoy 40 años después es importante elaborar reflexiones sobre este hecho tan doloroso. No sólo, como correctamente mantiene la Fundación Abogados de Atocha, tomando el verso de Éluard, porque “si el eco de su voz se debilita, perecemos”, sino porque el asesinato de nuestros camaradas es un símbolo del sufrimiento y del dolor que una gran parte de la sociedad española hubo de pasar para obtener el goce de los derechos democráticos, que permite entender cómo se materializó el sueño de la libertad, gracias precisamente a esos sacrificios, en un marco real de preservación de derechos ciudadanos. Que puede ser sin embargo restringido y limitado, como está sucediendo en nuestro país con especial incidencia a partir de la crisis. La insatisfacción ante una democracia de baja intensidad no debe proyectarse hacia atrás, descargando en el pasado la impotencia de la izquierda de hoy para cambiar el mundo revocando el estado de cosas existentes.

 

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