¿Hacia una primavera de la democracia en el trabajo?

Fábrica
Fábrica metalúrgica

Para muchos trabajadores y trabajadoras, franquear diariamente el umbral de la empresa significa dejar en la puerta su condición de ciudadanos/as con derechos. Si las constituciones de nuestros países reconocen y garantizan derechos fundamentales como el de expresión, el de sufragio o el de participación, una vez cruzada la valla que da acceso a la fábrica esas mismas personas pasan a convertirse en empleados/as, cuyo papel en la actividad empresarial convierte en subordinados/as de una lógica de gestión unilateral, directiva y, muy a menudo, autoritaria. La organización empresarial capitalista tiene difícil encaje con la democracia.

Los sistemas de democracia industrial desarrollados en todos los países europeos tras años de luchas y conquistas sociales pretendían suavizar esta transición diaria entre ciudadano/a y empleado/a y viceversa. Los y las trabajadoras tienen hoy derechos reconocidos que los/as protegen contra decisiones arbitrarias de la empresa. La representación sindical, la negociación colectiva o los procedimientos de información y consulta son mecanismos que permiten a las personas trabajadoras y sus representantes tener más voz en las decisiones de la empresa. Pero ¿es esto suficiente?

Demandas a favor de más participación en las decisiones empresariales

La participación en las decisiones empresariales y en el gobierno de la empresa es un debate de largo recorrido en el movimiento sindical, que sigue levantando pasiones. Si aspiramos a una sociedad democrática, los sujetos directamente concernidos por las decisiones empresariales -las personas trabajadoras- deberían tener voz y voto en la toma de decisiones al nivel y en la medida en que dichas decisiones les afectan. Pero ¿de qué manera llevar esta idea a la práctica?

El debate ha calado y tomado forma concreta recientemente en ámbitos políticos de Francia, Reino Unido y Bélgica.

Si aspiramos a una sociedad democrática, los sujetos directamente concernidos por las decisiones empresariales -las personas trabajadoras- deberían tener voz y voto en la toma de decisiones al nivel y en la medida en que dichas decisiones les afectan.

En 2013, el gobierno socialista francés de François Hollande aprobó una ley que otorgaba a los y las trabajadoras el derecho a estar representadas con uno o dos miembros en el consejo de administración de las grandes empresas privadas. Ese derecho ya existía en los consejos de administración de empresas estatales, pero la ley de 2013 extendía el derecho al personal de empresas o grupos del sector privado con 1.000 empleados/as en Francia o 5.000 en todo el mundo.

Por su parte, en el Reino Unido, Theresa May presentó en 2016 su plan de reforma del gobierno corporativo, donde inequívocamente planteaba incluir una representación de los/as trabajadores/as en los consejos de administración de las empresas. Según sus propias palabras, la propuesta se basaba en la necesidad de “una economía que funcione para todos”.

En Bélgica, tanto el Partido Socialista francófono (PS) como el Partido Verde flamenco (Groen) han propuesto recientemente dar cabida a las personas trabajadoras en el centro de mando de las empresas, lo que debería “ofrecer una alternativa al capitalismo” (presidente del PS, Elio Di Rupo), o al menos, “fortalecer la democracia ofreciendo a los ciudadano y consumidores una mayor participación en la política” (Evita Willaert) y permitir a los representantes de los trabajadores contribuir en las decisiones de la empresa.

Para Francia, el derecho legal de los y las trabajadoras a participar con voto en los consejos de administración de empresas privadas constituye una novedad, en un país caracterizado por la lógica conflictual (más que cooperativa) de sus relaciones laborales. Para el Reino Unido y Bélgica, el surgimiento de estas propuestas políticas es aún más innovador, teniendo en cuenta el callejón sin salida al que llegó este debate sobre la democracia industrial en la década de 1970. Ambos países figuran entre los carentes de leyes que amparen un derecho de los/as trabajadoras a designar representantes en la instancia empresarial donde se toman generalmente las decisiones estratégicas reales: el consejo de administración. El sistema no es tan nuevo sin embargo en muchos países del espacio económico europeo, que cuentan con leyes de este tipo aplicables en empresas privadas y estatales, entre los que destaca el sistema de Mitbestimmung (o codecisión) alemán como ejemplo más conocido. ¿Qué indican estos avances en Francia, Reino Unido y Bélgica? Podría interpretarse que estos países tradicionalmente reticentes a ampliar la democracia industrial a los consejos de administración están poniéndose al día para alcanzar al pelotón que salió en la década de los setenta, encabezado por germánicos y nórdicos. ¿Estamos asistiendo a un proceso de convergencia europea ascendente?  ¿Descafeinado, voluntario, mainstream o radical?  La reciente y corta experiencia legislativa en empresas francesas del sector privado da muestras de ciertas limitaciones estructurales que dificultan a los y las trabajadoras ejercer un peso significativo en el consejo de administración. Por un lado, la ley solo se aplica a grandes sociedades, que pueden sortearla cambiando de forma societaria. Por otro lado, la representación trabajadora consiste solo en uno o, a lo sumo, dos miembros del consejo. Sin contar con que, en la práctica francesa, las funciones y poder del consejo en la dirección de la sociedad son más limitadas que en otras jurisdicciones, lo que reduce la capacidad de intervención de sus miembros en el proceso decisional. Además, los/as representantes de los/as trabajadores/as no pueden compatibilizar su mandato en el consejo con otros mandatos representativos dentro de la empresa (no pueden por ejemplo mantener cargos en el comité de empresa, lo que podría aislarlos/as de los y las trabajadoras). En esencia, la actual co-determinación à la française es una versión bastante descafeinada de co-determinación. Se podría mejorar su diseño y eficacia, pero las perspectivas no son muy halagüeñas. La reforma del código laboral de Macron ha debilitado recientemente otras formas de representación colectiva a nivel de empresa, sin aumentar los niveles de participación de los y las trabajadoras en los consejos de administración (la carta que jugaban algunos sindicatos). Después de este intento fracasado, dos propuestas legislativas (Nouvelle entreprise et nouvelles gouvernances y Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises respectivamente promovidas por Potier y Lemaire) se ven como la próxima cita “obligatoria” para impulsar los derechos de participación trabajadora en diversas formas. Está por ver si en el contexto actual, estas reivindicaciones serán incorporadas y si las propuestas verán finalmente la luz. En cuanto al Reino Unido, desde su nombramiento como primera ministra, May se presentaba en sus declaraciones como firme partidaria de un cambio en el proceso corporativo de toma de decisiones. Lo que salió adelante tras un largo proceso de dilución fue un exiguo Libro Verde sobre la reforma del gobierno corporativo, que planteaba tres opciones: los empresarios podrían bien establecer un comité consultivo con (entre otros) los/as trabajadores/as; bien asignar a un/a administrador/a no ejecutivo/a el “cuidado” de los intereses del personal; bien ampliar las obligaciones de publicación de información no financiera. Después de las consultas, quedó claro que el poder de los accionistas apenas se verá afectado por las leyes que deriven del Libro Verde.

La propuesta del Partido Verde belga va más allá del enfoque voluntarista del gobierno conservador británico, y propone una obligación para las empresas de incorporar a los/as trabajadoras en sus consejos de administración. La propuesta se enmarca en el alegato más general y convencional de implicación de la ciudadanía, consumidores/as, clientes/as y trabajadores/as en las decisiones empresariales. Esto significaría, por ejemplo, dar voz a los/as viajeros/as en el transporte público, a los/as residentes en las residencias de ancianos, y, en la misma lógica, a los/as trabajadoras en los consejos empresariales, sin pretender por ello un cambio sustantivo en el equilibrio de poder. Los representantes de los accionistas conservarían su amplia mayoría y podrían seguir impulsando su agenda. Si esta propuesta se realizara, Bélgica entraría formalmente en la corriente de países europeos con sistemas de co-determinación. Pero la escueta mención a esta propuesta en el conjunto del programa sugiere que no es una prioridad política.

Junto a los sistemas “descafeinado”, voluntario y el mainstream, está el radical. Inspirado por Ferreras, el PS belga francófono propone poner a los/as trabajadoras a pilotar la empresa en igualdad de condiciones que los accionistas. La idea consiste en promover una nueva forma societaria (‘la sociedad de codecisión’) cuya característica fundamental sería una estructura de gobernanza compuesta por dos “cámaras”: una de trabajadores/as y otra de accionistas. Todas las decisiones importantes de la compañía se adoptarían necesariamente por mayoría de votos en ambas cámaras. La propuesta refleja así los sistemas parlamentarios bicamerales en sistemas federales o multiétnicos. Para ser claros, no todas las empresas estarían obligadas a convertirse en empresas de codecisión. Esta opción coexistiría con otros tipos de sociedades en las que los accionistas seguirían decidiendo sobre el rumbo de la empresa. La propuesta del PS daría claramente un poder real a los/as trabajadoras en la toma de decisiones, reconociéndolos/as como colectivo con intereses propios y distintos, y otorgándoles/as la capacidad de bloquear decisiones del consejo sin necesidad de alianzas políticas con los accionistas. Obviamente, esto sería un paso radical en comparación incluso con el sistema alemán más avanzado en el sector del carbón y el acero. Pero una propuesta tan radical plantea muchas preguntas. La codecisión viene de la mano de la corresponsabilidad: ¿hasta dónde querrían los/as trabajadores/as y sus sindicatos asumir esa corresponsabilidad? ¿Cuál sería el papel de los sindicatos, la negociación colectiva y el derecho de huelga en tales empresas de codecisión?

Progresando en el trabajo de fondo y esperando la oportunidad política

Parecen escasas las posibilidades de que Francia, el Reino Unido y Bélgica se unan rápidamente al pequeño club europeo de países con derechos de co-determinación bien establecidos para los y las trabajadoras. Pero al menos, hay propuestas concretas sobre la mesa y el debate está en marcha después de décadas de letargo. Las ventanas de oportunidades políticas se abren y cierran rápida e impredeciblemente. Con suerte, podríamos ser testigo de una primavera de la codecisión europea en los próximos años …

Enlace a la versión en inglés, blog Social Europe

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso Más información

Las opciones de cookie en este sitio web están configuradas para "permitir cookies" para ofrecerte una mejor experiéncia de navegación. Si sigues utilizando este sitio web sin cambiar tus opciones o haces clic en "Aceptar" estarás consintiendo las cookies de este sitio.

Cerrar