Las Hermandades del siglo XV, el arma de la burguesía urbana en la crisis medieval

Bravo en segovia
Estatua de Juan Bravo en Segovia.

El principal objetivo del gobierno de los Reyes Católicos en el Reino de Castilla fue continuar el proceso, iniciado por los últimos Trastámara, de afianzamiento del poder real frente a los grandes señores, laicos y eclesiásticos. En esta tarea Isabel I siempre contó con la activa colaboración de Fernando el Católico, cuyo propio poder estaba muy limitado en la Corona de Aragón por las arraigadas instituciones medievales de los territorios que conformaban sus reinos.

Si bien algunos de los más importantes aliados de los Reyes Católicos fueron relevantes familias nobiliarias, como los Mendoza, en numerosas ciudades y villas los reyes, para socavar el poder de los señores locales, buscaron la complicidad de la baja nobleza, de los enriquecidos mercaderes e incluso del común, que conformaba la mayor parte de la población urbana: artesanos, pequeños comerciantes y campesinos, etc. Esto dio lugar a inestables alianzas entre los diferentes actores en función del desarrollo de los conflictos.

Uno de los principales instrumentos que utilizaron los reyes para fortalecer su poder en villas y ciudades fue el permiso que les concedieron para organizar su propia defensa a través de la constitución de las Hermandades. Estas milicias urbanas, creadas por el Ordenamiento de Madrigal  de 1476, con el nombre de la Santa Hermandad tenían entre sus cometidos la protección del comercio, la pacificación del difícil tránsito por los caminos y la persecución del bandolerismo. Tres años antes, en 1473, Enrique IV de Castilla ya había autorizado, a petición de los procuradores en Cortes, la formación de la Hermandad nueva general de los reinos de Castilla y León, a imitación de la Hermandad Vieja de los Montes de Toledo, que se ocupaba de mantener el orden público en esa zona desde el siglo XII.

Las Hermandades fueron un moderno cuerpo policial, inédito hasta entonces en Europa, pero también un instrumento imprescindible para el desarrollo de la burocracia real en las ciudades.

Las Hermandades fueron un moderno cuerpo policial, inédito hasta entonces en Europa, pero también un instrumento imprescindible para el desarrollo de la burocracia real en las ciudades, que aun era muy embrionaria. Tampoco hay que olvidar que Fernando el Católico desde siempre vio a las compañías de las Hermandades como las unidades militares del futuro Ejercito Real que finalmente pudo utilizar en la toma de Granada, aunque tras la toma de la capital nazarí las Hermandades volvieron a su cometido original.

El que las villas y ciudades dispusieran de cuerpo armado propio con capacidad para impartir justicia supuso una profunda alteración de las relaciones de poder del mundo medieval: el ejercicio de la violencia institucional había dejado de ser una prerrogativa limitada a la nobleza. La alteración de las relaciones de poder entre la burguesía urbana y la nobleza latifundista hizo que los consensos sociales alcanzados en el mundo medieval peninsular, a menudo impuestos por las huestes de los nobles, saltaran por los aires desde finales del siglo XV. Se azuzaron viejos conflictos enquistados y prendieron otros nuevos con gran virulencia: las últimas guerras de bandas en Vitoria, la Gran Revuelta Irmandiña, el levantamiento de los Comuneros de Castilla y de las Germanías de Valencia y Mallorca, muestran el alto grado de conflictividad social alcanzado en la península a caballo entre los siglos XV y XVI.

Los reyes de Castilla tenían voluntad de limitar el poder de los nobles pero también eran temerosos de una excesiva autonomía de la incipiente burguesía urbana y, sobre todo, del pueblo llano. Ya desde Juan II la administración real había incrementado su control político sobre villas y ciudades: sus representantes en las Cortes del Reino eran pagados a cargo de la tesorería real, y en 1432 estaba estipulado que los representantes de las villas no podían ser simples pecheros, esto es, meros contribuyentes, tenían que ser hidalgos.

El que las villas y ciudades dispusieran de cuerpo armado propio con capacidad para impartir justicia supuso una profunda alteración de las relaciones de poder del mundo medieval: el ejercicio de la violencia institucional había dejado de ser una prerrogativa limitada a la nobleza.

Sin embargo, estos conflictos de la crisis terminal del feudalismo no concluyeron en todos los lugares de la misma manera. En algunos territorios el empoderamiento de los burgueses de ciudades y villas, y del común, frente a los abusivos usos y costumbres de una nobleza demasiado depredadora generó una reacción tan violenta –como la Gran Revuelta Irmadiña de Galicia- que los reyes se asustaron y acabaron pactando con los grandes nobles, una vez que volvieron a asegurar su lealtad. Lo que pasó en Vitoria, donde el reequilibrio del poder impulsado por los reyes significó la pérdida de importantes espacios de participación para el común, fue algo bastante habitual en numerosas villas y ciudades de Castilla.

Las últimas guerras de bandas en Vitoria.

El País Vasco durante la Edad Media se había caracterizado por un interminable conflicto entre grupos de nobles rurales. Los principales bandos fueron los oñacinos (Oña) y gamboínos (Gamboa), que actuaron en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Lapurdi. Los nobles rurales no solo se enfrentaban entre sí para ampliar su territorio, rentas y vasallos, también lo hacían contra sus propios campesinos para someterles a más impuestos, o contra los habitantes de las villas.

Las Hermandades fueron decisivas para la sumisión de la nobleza rural banderiza en el País Vasco. No obstante, de forma paralela a esa pacificación global del territorio las villas vascas vivieron un proceso de oligarquización. Paulatinamente se fue eliminando el concejo abierto, donde el conjunto de la ciudadanía, el común, tenía capacidad de intervenir en las decisiones municipales, en favor de una selecta minoría que a partir de entonces dominó el gobierno de las villas.

Particularmente relevante fue el grado de conflicto alcanzado en Vitoria entre los Ayala, que defendían a la gente del común, y los Callejas. La reforma municipal que los Reyes Católicos aprobaron en Vitoria en 1476, el denominado Capitulado de Fernando el Católico, supuso la victoria de los Callejas, representantes de los intereses de la pequeña nobleza, por eso se impusieron elevados requisitos económicos para ser elegible y desempeñar un cargo público (alcalde, regidor o diputado), cerrando el acceso al Ayuntamiento a las gentes del común.

En la segunda mitad del siglo XV la integración de los de los Señoríos vascos en la Corona de Castilla era total. En 1332, hacía más de un siglo, la Cofradía de Arriaga había entregado voluntariamente el territorio alavés a la Corona de Castilla. A partir de ese momento desapareció el señorío jurisdiccional y la mayor parte del territorio alavés pasó a ser regida directamente por funcionarios de la Corona castellana y a aplicarse su legislación real. El Señorío de Guipuzcoa ya se había integrado en Castilla en 1200, sin que Reino de Navarra pudiera impedirlo. Con la incorporación, en 1370, del Señorío de Vizcaya a la Corona de Castilla en la persona del futuro rey Juan II se cerró la incorporación jurídica de los territorios vascos a la Corona de Castilla.

Esta integración voluntaria de los Señoríos vascos, territorios con soberanía propia, en Castilla fue un proceso dirigido por la propia nobleza vasca y las ricas familias de burgueses (mercaderes, armadores, capitanes de naves o transportistas), ya que preferían el creciente dinamismo comercial del Reino de Castilla hacía el Atlántico que el inmovilismo navarro. Su enriquecimiento dependía de su capacidad de conexión con el comercio de lana y manufacturas establecido entre los centros económicos más importantes de Europa: Burgos, La Rochele, Southamptom, Brujas y Lübeck.

No obstante, la integración del Señorío de Vizcaya fue muy diferente al de Álava, ya que consiguió mantener su particularismo foral, un marco jurídico-institucional propio vinculado a la tradición. Por eso Castilla y Vizcaya permanecieron separadas administrativamente, conservando cada ente soberano su identidad y leyes y cortes. Por eso hasta 1841 Vizcaya mantuvo una bandera naval propia, una casa de contratación, un consulado en Brujas y dos aduanas en la frontera con Castilla (en Valmaseda y en Orduña), donde se cobraban los diezmos de las mercancías que, procedentes de Castilla, iban a embarcarse en los puertos de Bilbao, Laredo o Castro Urdiales.

Este proceso ha dado lugar al reconocimiento de derechos propios de esos territorios, lo que se conoce como los Regímenes Forales, que tras la Constitución de 1978 han quedado recogidos en sus instituciones de autogobierno: la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por eso el derecho civil vasco, regulado por la ley 5/2015 del Parlamento Vasco, reconoce un fuero civil propio que tiene especificaciones singulares en los derechos sucesorios para los territorios de: Vizcaya (que se aplica también a las localidades alavesas de Llodio y Aramayona), Guipuzcoa y en las Tierras de Ayala (las poblaciones alavesas de Ayala, Amurrio, Oquendo, Mendieta, Erretes de Tudela, Santacoloma y Sojoguti).

A Gran Revuelta Irmandiña.

En 1467 estalló en Galicia una monumental revuelta social, posiblemente el mayor conflicto social de Europa de todo el siglo XV, y su detonante también está relacionado con la constitución de las Hermandades. Los sublevados fueron conocidos a partir del siglo XX como los “irmandiños”, que es la traducción libre que se hizo al gallego del término clásico “hermandinos”, hermanados.

Dos años antes del estallido social, en 1465, el rey Enrique IV había enviado a varios corregidores a Galicia para impulsar la creación de Hermandades en las ciudades y villas gallegas, a petición de estas. El hambre, las epidemias y los constantes abusos por parte de la nobleza gallega hacían de la Galicia del siglo XV una región al borde del estallido del conflicto social. La chispa fue la creación de las Santas Irmandades gallegas, para muchos miembros de la nobleza baja, y para numerosas personas del común, se convirtió la ocasión que estaban buscando para poner fin al poder despótico de importantes nobles que utilizaban sus fortalezas como protección de sus fechorías. Para una parte de la nobleza también fue una oportunidad para participar en la guerra civil que ya estaba desatada en Castilla. No fueron asaltadas las fortalezas de todos los grandes señores gallegos, no lo fueron las de los hijos del Conde de Trastamara, ni las del Conde de Altamira o la Condesa de Ribadavia, solo las de aquellos que no apoyaban al rey castellano.

En 1467 estalló en Galicia una monumental revuelta social, posiblemente el mayor conflicto social de Europa de todo el siglo XV, y su detonante también está relacionado con la constitución de las Hermandades. Los sublevados fueron conocidos a partir del siglo XX como los “irmandiños”, que es la traducción libre que se hizo al gallego del término clásico “hermandinos”, hermanados.

Los alcaldes irmandiños asumieron su poder, simbolizado en las varas de justicia también llamadas varas de Hermandad, como delegados del rey frente a la nobleza depredadora. La nueva justicia ejercida por las Santas Irmandades llegó a ejecutar públicamente a escuderos y servidores de grandes señores, lo que concitó el apoyo popular y la animadversión de los nobles.

Durante los dos años que duró la Gran Revuelta Irmandiña se destruyeron alrededor de 130 castillos y fortalezas, ya que según la Carta de Hermandad, aprobada por el rey, se permitía el derribo de fortalezas en las que se escondiera algún malhechor y sus dueños no quisieran entregarlo. El derribo de fortalezas era también una acción política revolucionaria que tenía el objetivo la ruptura de las relaciones de vasallaje, que se dejaran de pagar las rentas al señor.

En la organización y dirección de la guerra irmandiña participaron varios grupos sociales (campesinos, gentes de ciudades, baja nobleza, hidalgos e incluso miembros del clero, que apoyaron económicamente a los irmandiños), pero no se puede olvidar que los jefes del movimiento pertenecían a la baja nobleza. Finalmente el rey castellano Enrique IV, que estaba haciendo frente a su propia guerra civil contra los partidarios de su hermanastra Isabel (en 1468 se había firmado el Tratado de los Toros de Guisando), no frenó la reacción que tuvo lugar dos años por parte de los nobles para recuperar sus tierras y castillos y que terminó con el aplastamiento de los Irmandiños en 1469.

El levantamiento Comunero de Castilla.

El levantamiento de los Comuneros de Castilla a comienzos del reinado de Carlos I, entre 1520 y 1522, aunque tiene connotaciones propias debe enmarcarse en este proceso de crisis del feudalismo.

El nuevo rey había llegado en 1518 a las Cortes de Valladolid sin saber hablar apenas castellano y con una prolija Corte de nobles y clérigos flamencos. Ello produjo un fuerte recelo entre las élites sociales castellanas, que sintieron que su poder y estatus social iba a entrar en declive. En 1520 el nuevo rey convocó las Cortes de Castilla en Santiago de Compostela con el objetivo de recaudar nuevos impuestos con los que financiar sus ínfulas imperiales.

Como las Cortes eran poco proclives a aprobar un gasto tan elevado, el rey las suspendió y las volvió a reanudar en A Coruña, donde consiguió finalmente su aprobación. Se produjeron varias revueltas en algunas ciudades pero todo estalló cuando la ciudad de Toledo se negó a acatar las órdenes reales, expulsando al corregidor real, y haciendo un llamamiento a otras ciudades castellanas para no pagar los impuestos acordados por las Cortes, había empezado la Guerra de las Comunidades de Castilla. Varias ciudades castellanas, empoderadas por la existencia de milicias armadas a sus órdenes -Juan de Padilla era capitán de la Hermandad de Toledo, Juan Bravo de la de Segovia- respondieron al llamamiento de Toledo.

No obstante, los intereses de los comuneros eran muy variados, para unos el objetivo era tan solo no pagar los impuestos, para otros incluía el destronar a Carlos I. Las pretensiones de algunos líderes de Toledo incluían la conversión de las ciudades castellanas en ciudades libres similares a Génova y otras repúblicas marítimas italianas.

Los intereses de los comuneros eran muy variados, para unos el objetivo era tan solo no pagar los impuestos, para otros incluía el destronar a Carlos I. Las pretensiones de algunos líderes de Toledo incluían la conversión de las ciudades castellanas en ciudades libres similares a Génova y otras repúblicas marítimas italianas.

Como ocurrió en otros conflictos bajomedievales, se produjeron esporádicos episodios de sublevaciones violentas de los vasallos contra los señores, como sucedió en 1520 en Dueñas contra el conde de Buendía. El apoyo que la Junta de Comunidades prestó a esas revueltas radicalizó más las protestas y provocó el alejamiento de la causa comunera de aristócratas y grandes señores.

El ejercito comunero, conformado principalmente por las milicias de Toledo, Madrid y Segovia, y comandado por Juan Bravo, se dirigió a Tordesillas, donde estaba encerrada la reina Juana I de Castilla, “la Loca”, para que esta apoyará la destitución de su hijo Carlos, a lo que ella se negó. Representantes de las ciudades de Burgos, Salamanca, Segovia, Ávila, León, Toledo, Murcia, Cuenca, Madrid, Zamora, Toro, Valladolid, Soria y Guadalajara acudieron a la Junta de Tordesillas, que pasó a denominarse Cortes y Junta General del Reino, se disolvió el Consejo Real y se detuvo a los últimos miembros que seguían en Valladolid. La situación había pasado de ser una protesta contra la excesiva presión fiscal del rey a tomar el perfil de una auténtica revolución.

En 1521 fueron derrotadas las tropas comuneras en Villalar y sus líderes asesinados, lo que significó el fin del movimiento.

Las Germanías de Valencia y Mallorca.

Fernando El Católico también había permitido que las ciudades del Reino de Valencia pudieran formar milicias para defenderse de los piratas berberiscos. En 1519 la nobleza abandonó la ciudad de Valencia huyendo de la epidemia de peste, lo que obligó a que se conformara un nuevo gobierno, la Junta de los Trece, dominado por los burgueses y artesanos de la ciudad. Cada cofradía de oficio –tejedores, esparteros, pescadores, albañiles, etc.-, o Germanía (Hermandad), nombró a su representante, por eso la Junta de los 13 intentó instaurar un sistema en el que estuviera prohibido el trabajo libre no controlado por los gremios.

La rebelión antinobiliaria se fue extendiendo a la huerta valenciana, con saqueo de tierras y haciendas de los nobles, y a otras poblaciones y núcleos urbanos del reino, constituyéndose juntas revolucionarias, y se expulsó al virrey de Valencia, Diego Hurtado de Mendoza y Lemos.

Fue el propio virrey desterrado el que dos años después aplastó la rebelión a sangre y fuego. La represión posterior, dirigida por Germana de Foix, fue especialmente cruel y sistemática.

Una situación revolucionaria similar, también dirigida por los gremios de artesanos, se produjo en Mallorca en las mismas fechas y terminó con la rendición de los sublevados en 1523 frente a las tropas de Carlos I.

La revuelta de las Germanías, igual que algunas características de la Gran Revuelta Irmandiña, o de la propia rebelión comunera, anuncian ya, de forma muy anticipada respecto al resto de Europa, la llegada de las revoluciones burguesas.

Asimismo, el ingente flujo de oro y plata que a partir de entonces recibieron los reyes de España desde America les permitieron asentar su poder mucho antes que otras monarquías europeas. Pudieron financiar con suficiencia los tres pilares institucionales del absolutismo monárquico: un ejército permanente, una potente Hacienda Real y una burocracia cada vez más desarrollada.

Bruno Estrada
Acerca de Bruno Estrada 28 Articles
Economista. Adjunto al Secretario General de CCOO. Miembro de Economistas Frente a la Crisis y del Consejo Internacional de Economía de PODEMOS.

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