Los historiadores se rebelan contra la ANECA

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Pregunta. Foto: Carmen Barrios

Las actuaciones de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) han desatado en los últimos meses la preocupación, cuando no la indignación, de amplios sectores del profesorado universitario. La razón principal estriba en el establecimiento de unos nuevos baremos para la acreditación del profesorado que posibilita su acceso a los cuerpos docentes de las universidades españolas. Numerosos colectivos se han pronunciado en contra del nuevo sistema, exigiendo la retirada de los nuevos criterios y abogando por la apertura de un debate abierto, serio y transparente. Y en ese sentido se han pronunciado también, recientemente, trece asociaciones de historiadores, como puede verse en el comunicado adjunto.

En ningún momento se cuestiona, todo lo contrario, que el profesorado universitario sea evaluado, pero sí que lo sea de una forma poco clara, inadecuada y, sobre todo, no consensuada con la profesión. Se da la paradoja, además, de que la ANECA se rige por toda una serie de planteamientos y criterios procedentes del mundo anglosajón, obviando el más importante de todos ellos: que allí, lejos del estatismo, más o menos ilustrado, que preside las actuaciones del organismo español, se procede a consultar con las organizaciones que agrupan a los principales interesados, los profesores universitarios.

Las actuaciones y planteamientos de la ANECA conducen a un endurecimiento de las condiciones de acceso a la función pública que se traduce en una precarización de la carrera docente e investigadora, la cual penaliza al conjunto del profesorado y a las nuevas promociones.

Las consecuencias de estas formas de proceder no pueden ser más alarmantes. Empezando por el hecho de que los criterios asumidos terminan por determinar una situación cuasi colonial, toda vez que se privilegia la publicación en las revistas científicas anglosajonas en detrimento de las propias españolas. No se trata de negar la importancia de la internacionalización de nuestro profesorado y de sus actividades, pero sí de denunciar que se coloque a estos y a nuestra propia universidad en posiciones subalternas. Nuestras propias publicaciones científicas se encontrarían en estas circunstancias ante unas potencialidades de desarrollo y reconocimiento muy inferiores a las que tienen las de otros países menos “seguidistas” como pueden ser Francia, Alemania o Italia, por poner algunos ejemplos.

Endurecimiento de requisitos para la acreditación

La consecuencia inevitable de todo ello es un endurecimiento generalizado de los requisitos para la acreditación, los cuales, lejos de coadyuvar al desarrollo de nuestras investigaciones, terminan por propiciar actuaciones arbitrarias: en la medida en que se establecen baremos de hecho inalcanzables, son las propias comisiones las que quedan informalmente en “libertad” de aplicarlos o no, y en qué grado. Por mucha buena fe que haya en las actuaciones de estas comisiones, no cabe duda de que el margen para la aparición de situaciones conflictivas es más que amplio.

La fidelidad a las experiencias y prácticas del modelo anglosajón conduce a su vez a unas líneas de exigencia que terminan por ignorar las especificidades de las distintas áreas de conocimiento de nuestras universidades. Así, cuando se sobrevaloran las publicaciones en revistas científicas en detrimento de las monografías igualmente científicas, no se hace sino aplicar un modelo propio de las ciencias “puras” a otras áreas cuyos criterios de excelencia son más complejos. Es como sí Carlos Marx o Max Weber no pudieran obtener una acreditación positiva porque, de hecho, lo que mejor se conoce de ellos son sus libros y no artículos especializados.

En su conjunto toda esta serie de actuaciones y planteamientos conduce a un endurecimiento de las condiciones de acceso a la función pública que se traduce en una precarización de la carrera docente e investigadora, la cual penaliza al conjunto del profesorado en cuanto tal y a las nuevas promociones en particular. Hecho este último particularmente sangrante si se tiene en cuenta que con los nuevos criterios de la ANECA muchos profesores españoles, entre ellos los de mayor reconocimiento nacional e internacional, difícilmente habrían podido acceder a sus cátedras u otros puestos decentes.

Es por todo ello que las asociaciones de historiadores plantean, como tantas otras, la paralización en la aplicación de los nuevos baremos y la apertura de un debate amplio y transparente en el que deben participar las propias asociaciones. Por ello se han constituido en una Coordinadora de Asociaciones de Historiadores que han firmado un manifiesto, e invitado a las asociaciones de otras áreas a que hagan lo propio. Porque, en última instancia, debate, consenso y transparencia son requisitos fundamentales para la mejora de la calidad científica en su conjunto y de sus propios protagonistas. Como en tantos otros terrenos, prácticas democráticas y eficiencia suelen ir de la mano. Y no al revés. Manifiesto de las Asociaciones de Historiadores: https://ahistcon.org/PDF/otros/CONTRA_CRITERIOS_DE_ACREDITACIÓN.pdf

 

Ismael Saz, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia.

 

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