¿Quién ha matado a Jo Cox?

mujer en el muro
Mujer en el muro muerta por odio. Foto: Carmen Barrios

 

Nada más saberse el nombre del supuesto asesino de la activista y diputada laborista, Jo Cox, ha entrado en escena la Psiquiatría: Thomas Mair tiene problemas mentales, se ha dicho. Si Thomas se hubiese llamado Tarik o Mohamed y su piel hubiese sido algo más oscura, los mass-media hubiesen apelado a otros imaginarios. Habrían invocado, casi con seguridad, al terrorismo. Al terrorismo islamista, por supuesto. No en vano, la islamofobia se ha convertido en la Europa de hoy en el antisemitismo moderno. ¿No fue en Cardiff donde aparecieron este pasado invierno marcas de pintura roja en las puertas de 150 casas gestionadas por una empresa contratista para alojar a refugiados? Demasiado parecido a las estrellas de David pintadas en los escaparates de los negocios judíos en el Berlín o el Munich de los años treinta. El inmigrante y el refugiado han quedado asociados al árabe y al Islam, convirtiéndose en el chivo expiatorio de la crisis general europea.

No importa ahora que Thomas Mair tenga problemas mentales. Lo fundamental es que es un fascista –póngase el prefijo que se desee: neo, post…- que ha cometido un delito de odio, que asesinó a Jo Cox porque era una militante antirracista y que cuando el juez le interrogó por su nombre, respondió british first.

 British first. Tras ganar las elecciones en mayo de 2015, David Cameron anunció una serie de medidas destinadas a recortar los derechos de los extranjeros en suelo británico. Y declaró: Nuestro objetivo es claro: un sistema de inmigración que tenga en cuenta primero a Gran Bretaña. O sea, British first.

El asesino de Cox es un fascista –póngase el prefijo que se desee: neo, post…- que ha cometido un delito de odio, que la asesinó porque era una militante antirracista y que cuando el juez le interrogó por su nombre, respondió british first.

La historia viene a ser como sigue. A principios de 2014, las expectativas de voto del UKIP, el partido xenófobo y antieuropeo, para las elecciones europeas cotizaban al alza. Como respuesta, la estrategia electoral de Cameron se adentró en una subasta por ver quien adoptaba la política anti-inmigración más severa. Su gobierno decidió entonces ampliar los tiempos de espera de los extranjeros a la hora de acceder a los seguros sociales. Consecuentemente, anunció una batería de medidas que dieron paso a la cacería policial de ilegales. Incluían desde la retirada del permiso de conducir hasta tipificar como delito trabajar en la economía sumergida. La víctima quedaba así convertida en delincuente. Después de las elecciones europeas y ante el éxito del UKIP Cameron volvió a anunciar nuevas restricciones, como reducir el seguro de paro a los extranjeros, incluidos los comunitarios, de seis a tres meses. Bruselas dijo que eso era ilegal, pero los tories tenían por delante el envite de las elecciones generales de mayo de 2015 y nuevamente la presión del UKIP.

Los conservadores se hicieron con la victoria por mayoría absoluta, lo que otorgó de nuevo el gobierno a Cameron. De nuevo apareció ante el público con el anuncio de más restricciones, como confiscarle los salarios a los ilegales o procesar a aquellos comunitarios que, habiendo entrado como turistas, permaneciesen en suelo británico trabajando. Y volvió a repetir un argumento: la falta de control de la inmigración crea problemas en los servicios públicos, como la sanidad y la educación. Pero Cameron había ganado las elecciones con la promesa de organizar un referéndum para decidir si el país seguía siendo miembro, o no, de la UE. Por lo tanto, se vio impelido a persistir en el discurso. En enero pasado viajó a Alemania para participar en unas jornadas organizadas por la CSU bávara. Abogó entonces por restringir el acceso a los derechos sociales de los extranjeros en suelo británico durante un periodo inicial de cuatro años. Esto incluía a los extranjeros de origen comunitario. Bruselas volvió a decir que se trataba de una ilegalidad, pero no importaba.

Lo que viene ocurriendo en Gran Bretaña durante décadas no es otra cosa que la privatización de los servicios públicos, el recorte de los mismos y la creciente dificultad normativa para acceder a ellos.

Este ha sido el caldo de cultivo que originó el debate del Brexit. Un debate centrado en la inmigración. Tanto el discurso del UKIP como el de Cameron han envenenado a capas de la población británica empobrecidas y exasperadas con los bajos salarios y unos servicios públicos deplorables. Sin embargo, ¿se debe esta situación de precariedad social a la presencia de extranjeros? Como muestra, vale un botón: los extranjeros de origen comunitario que acceden a las ayudas públicas en el Reino Unido representan el uno por ciento de la población que goza de dichas ayudas.

Lo que viene ocurriendo en Gran Bretaña durante décadas no es otra cosa que la privatización de los servicios públicos, el recorte de los mismos y la creciente dificultad normativa para acceder a ellos. Y ello se ha producido a resultas de las políticas que emprendió Margaret Thatcher. Políticas en las que perseveró Tony Blair y ahora profundiza David Cameron. El gobierno británico, ante los efectos devastadores de sus políticas neoliberales, ha encontrado en los extranjeros –inmigrantes o refugiados, tanto da- el chivo expiatorio adecuado. Lo mismo hicieron los nazis con los judíos en los años treinta. De manera que el crimen de odio de Thomas Mair se ha producido en un escenario de cuya construcción no es ajeno David Cameron. Y eso implica responsabilidades políticas y morales.

 

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