Tiempos de definición y mudanza en la Unión Europea

Deconstrucción de la realidad
Fragmentos de realidad. Foto: Carmen Barrios

Las aún no iniciadas negociaciones con el Reino Unido (RU) para precisar las nuevas relaciones con la Unión Europea (UE) van a delimitar el alcance de las reformas institucionales y los cambios en política económica que se van a llevar a cabo en los próximos años y que definirán el futuro del proceso de unidad europea por varios lustros. Las reformas se van a producir. Son imprescindibles. La alternativa al cambio no es la continuidad, sino un prolongado declive y deterioro de la UE. Otra cosa es el sentido y la intensidad de esa mudanza y qué sectores sociales, países y poderes resultarán ganadores o perdedores.

Es altamente improbable que el resultado final de los cambios que se van a llevar a cabo suponga una ruptura sustantiva con el actual marco institucional y con la estrategia conservadora de salida de la crisis imperante en los últimos años. Continuidad y cambio van a convivir. La pugna se sitúa, precisamente, en qué rasgos resultarán preponderantes. ¿Pesarán más las reformas o la continuidad? Ese es el terreno de juego. Y es en esa limitada (y modesta) disputa donde las izquierdas y los sectores progresistas se juegan su razón de ser y pueden ganar posiciones (o perderlas por muchos años).

Los problemas de la UE son muy anteriores al Brexit, habrían exigido un mensaje político fuerte y sólidas respuestas para superarlos por parte de los líderes y las instituciones europeas.

Para aspirar a ganar terreno, sobran relatos grandilocuentes de lucha contra el mal. Faltan propuestas precisas de transformación, bien armadas técnicamente, viables políticamente y orientadas a resolver los problemas de la mayoría social y el ineficaz funcionamiento del mercado único y el euro. También sería muy conveniente que las fuerzas del cambio recuperaran la predisposición a dirigirse a la mayoría social a la que quieren representar, para activar sus organizaciones, respetar sus prioridades y multiplicar los esfuerzos para aunar al heterogéneo conjunto de organizaciones políticas y sociales que pueden comprometerse en la tarea de devolver la palabra y la capacidad de decisión a la gente.

Por primera vez, el proceso de unidad europea va a sufrir la amputación de un Estado miembro (uno de los más influyentes y poderosos, especialmente en los terrenos financiero y militar), en un contexto de fragmentación y mal funcionamiento del mercado único, débil crecimiento y fragilidad sociopolítica de la UE.

La decisión del RU de abandonar la UE es un acontecimiento mayor que rompe con el curso seguido por la unidad europea: una historia de ampliación y profundización de una integración económica que, paulatinamente, sin haber llegado a dar pasos sustantivos en la unidad política, se ha ido confundiendo con los límites geográficos de Europa. Algo profundo ha cambiado en ese proceso. Y se ha producido en un marco de crisis económica, política, social e institucional inacabada, que se arrastra desde hace casi una década generando altos costes económicos y sociales con repercusiones de muy diferente intensidad en el norte y el sur de la eurozona.

 De cómo el Brexit va a determinar el futuro de la UE

El compromiso de Cameron de convocar una consulta sobre la vinculación del RU con la UE abrió un gran interrogante sobre el futuro de la Unión. El resultado del referéndum provoca una nueva vuelta de tuerca y obliga a cambiar las prioridades de la agenda de la UE para negociar durante un tiempo prolongado (podría extenderse hasta el otoño de 2018) los contenidos de la nueva vinculación entre el RU y la UE.

La negociación coincidirá con diferentes tipos de citas electorales (inmediatamente, en Austria, Italia y Hungría; y en 2017, en Francia, Holanda y Alemania) que avivarán las controversias sobre las ventajas e inconvenientes de permanecer o salir de la UE e incrementarán la exigencia a los agentes políticos para que redefinan y precisen sus posiciones sobre los principios, perfiles y contenidos de una UE sin el RU. También pone sobre la mesa del debate comunitario la necesidad de un cambio en la trayectoria de políticas económicas seguidas por la UE en los últimos años, especialmente desde 2010, que permita contrarrestar la desafección de la ciudadanía europea con la UE y sus manifestaciones: el ascenso de sentimientos soberanistas y xenófobos que engordan a partidos de la nueva y vieja extrema derecha y, a la vez, aunque en menor medida, ofrecen justificación y amplían los pequeños márgenes políticos en los que actúan diversas corrientes de izquierdas que plantean la salida de la UE.

El proceso político iniciado por Cameron, con el compromiso de celebrar el referéndum, tenía el evidente propósito de ganar las elecciones generales de mayo de 2015, achicar el espacio político del Partido de la Independencia (UKIP) y de sectores eurófobos del Partido Conservador y recomponer los lazos y acuerdos políticos entre los tories y el capital británico, que presenta un carácter intensamente internacionalizado y un liderazgo abrumador del capital financiero. Y tuvo un notable éxito inicial al favorecer la mayoría absoluta lograda en el Parlamento por los conservadores.

El objetivo principal de Cameron era lograr un nuevo consenso de la ciudadanía británica a favor de la permanencia del RU en una UE reformada que pudiera ser capitalizado por su partido, afianzara su liderazgo y acallara la disidencia antieuropeísta conservadora dentro y fuera de su partido. Como ya había logrado en la cuestión escocesa con el referéndum sobre la independencia, se trataba ahora de poner a dormir durante un par de décadas la cuestión europea en el debate político británico.

Los objetivos de los conservadores del RU tenían también una derivada europea: la pretensión de reformar la UE y la búsqueda de socios en los gobiernos de otros Estados miembros que pudieran defender un programa reformista similar al de los conservadores británicos: una UE más “flexible”, con mayor peso o capacidad de veto de los parlamentos nacionales sobre las decisiones comunitarias (lo que implicaba cerrar durante un largo periodo el paso al federalismo y a posibles nuevas medidas a favor de la integración política); mayor control nacional sobre la entrada de inmigrantes (y refugiados políticos) y sobre su acceso a los subsidios y prestaciones sociales; extender a todos los socios la opción de que el euro no sea necesariamente el destino final de los Estados miembros de la UE ni, mucho menos, un motivo de discriminación para los que voluntariamente no deseen integrarse en la eurozona.

La desafección ciudadana con los gobiernos y las instituciones europeas está más que justificada y no podrá frenarse ni revertirse con medidas que no aspiran a solucionar los problemas sino a mantenerlos bajo control mediante una camisa de fuerza de normas y obligaciones tecnocráticas y contables, que son ineficaces y muestran una escasa racionalidad económica y política.

La intención de la maniobra política ideada por el equipo de Cameron no era abandonar la UE sino propiciar su reforma y reforzar la posición del RU y el liderazgo de su partido en una UE cerrada a toda consideración sobre la dimensión política de una verdadera unión y en un mercado europeo más abierto y desregulado. En definitiva, fortalecer su posición y la hegemonía de las fuerzas conservadoras europeas defensoras de un mercado único sin ningún tipo de trabas al libre movimiento de servicios (consiguiendo una liberalización-desregulación similar a la experimentada por las mercancías tangibles y los capitales) y en el que fuera factible subordinar el principio de libre circulación de los trabajadores comunitarios a un examen o consideración nacional de su incidencia sobre la competitividad y las cuentas públicas de cada Estado miembro.

El alcance y los impactos de las ondas expansivas creadas por el Brexit están lejos de ser claros. En todo caso, se abre un debate del máximo interés sobre el proyecto europeo en el que todo está en juego: la política económica y la estrategia de austeridad y devaluación salarial imperantes; la visión y acción comunes sobre política exterior y de seguridad; las reformas institucionales que están en marcha y las que apenas se han empezado a mencionar; los principios y la dimensión política de la unidad europea; la democratización y el control democrático sobre las decisiones políticas comunitarias.

La apertura de ese debate europeo obliga a las izquierdas a aclarar su posición sobre la UE y el euro, precisar sus propuestas de reforma y construir amplias alianzas para influir en la aprobación y puesta en marcha de los cambios que se van a orillar o emprender. No creo equivocarme al considerar que las fuerzas políticas situadas a la izquierda de la socialdemocracia tienen una escasa preocupación por participar y tratar de influir en este debate crucial y no perciben la necesidad de preparar un programa propio de transformación de las instituciones europeas, viable políticamente (a la búsqueda de alianzas de amplio espectro progresista) y conectado con la voluntad y los deseos que expresan las mayorías sociales. Una parte reducida de la izquierda, heredera directa de viejas corrientes y recetas, parece excesivamente preocupada por marcar y apuntalar un espacio político propio y justificar la opinión de que ya no es posible reformar la UE y es obligado plantear una ruptura que, en demasiadas ocasiones, no acaban de definir como apuesta a favor de la salida de la UE. Indefinición que exime de sopesar y exponer los costes que supondría tal salida, especialmente para los socios periféricos.

El debate pendiente sobre el futuro de la UE está inevitablemente asociado a la incertidumbre y, en gran parte, a lo imprevisible. No tanto en el sentido normal que se le suele dar a las palabras incierto, para distinguir lo cierto e indubitable de lo meramente probable, e incertidumbre, para indicar la falta de conocimiento seguro y claro de algo, como en el sentido keynesiano de acontecimiento sobre lo que no se puede adelantar la probabilidad de que se produzca: cuestiones para las que “no existe ninguna base científica para realizar el menor cálculo de probabilidad. Simplemente: no sabemos”. Y como este del futuro de la UE es, sin duda, uno de esos casos, resulta aconsejable evitar los debates categóricos, las posiciones cerradas y la pulsión por intentar explicar más de lo que se puede saber o, al menos, argumentar de forma razonable.

Causas de la fragilidad de la UE y dificultades para superarla  

Diversos factores han contribuido a la actual fragilidad de la UE y la eurozona. El Brexit puede considerarse hijo y, al tiempo, motivo del deterioro que afecta al proceso de unidad europea.

En el terreno económico cabe mencionar varios entre los de mayor calado: crisis prolongada, profunda e inacabada de la eurozona que se complica con la inquietante situación de la economía mundial; aplicación de una estrategia conservadora de salida de la crisis que, además de ineficaz y destructiva de capacidades de producción, arrincona los principios de solidaridad y cohesión económica, social y territorial y ha abierto una enorme brecha entre los países del sur de la eurozona y los del norte; una crisis de deuda (primero privada, después pública) que afecta muy especialmente a los países del sur de la eurozona, no está, ni mucho menos, terminada y ha reducido de forma grave la solvencia de una parte importante de sus sistemas bancarios.

En el terreno institucional, la crisis ha desvelado unas debilidades e incoherencias que, en buena parte, han sido reconocidas abiertamente por los principales líderes e instituciones comunitarias. Menciono algunas de las más importantes: lento inicio de una unión bancaria que parece suficiente para minimizar riesgos sistémicos, pero es ridícula respecto a la envergadura de los problemas bancarios que todavía deben superarse; inexistencia de coordinación fiscal; ínfimo presupuesto común del 1% del PIB del conjunto de los Estados miembros que dificulta el impulso de proyectos comunes de inversiones modernizadoras que puedan tener efectos significativos; ausencia de un imprescindible instrumento orientado a mancomunar riesgos de 19 emisores de deuda pública en euros que, indefectiblemente, estaría asociado a un Tesoro común y al cumplimiento estricto de normas inteligentes de tratamiento de los desequilibrios en las cuentas públicas; un BCE que no puede cumplir abiertamente la función de prestamista de última instancia ni es capaz de alcanzar su único objetivo de mantener la inflación por debajo pero cerca del 2%.

En ausencia de reformas sustanciales del entramado institucional no se podrán contrarrestar las tendencias a la fragmentación económica y financiera de la UE ni su plasmación en una creciente diferenciación de especializaciones productivas que incrementan las desigualdades de renta entre países e impiden una utilización racional del exceso de ahorro de la eurozona (concretado en el superávit por cuenta corriente del conjunto) y el necesario impulso de la actividad inversora (pública y privada) para lograr un crecimiento suficientemente fuerte, sostenible e inclusivo. La reactivación económica europea no puede descansar exclusivamente en el activismo del BCE mediante la política monetaria; por mucho que se acepte que el BCE ha sido la única institución comunitaria que ha mostrado algún tipo de preocupación práctica para superar la segunda recesión de la eurozona, con una política monetaria muy expansionista a partir de 2014 que contribuyó a aligerar la carga financiera de la deuda pública de los países periféricos y evitar la implosión del euro. Hacen falta cambios en las actuales estructuras institucionales si se quiere mantener el proyecto de unidad europeo.

En el terreno sociopolítico y geoestratégico dos factores asociados han desvelado ante la opinión pública la insignificancia política de la UE y la total ausencia de políticas solidarias entre los Estados miembros. Por una parte, el flujo masivo de personas en busca de seguridad, futuro y refugio político. Por otra, la violencia bélica y terrorista que sufren y producen algunos países en los que el yihadismo se ha hecho fuerte y la intervención militar occidental ha contribuido a generar más caos interno, reforzar la violencia y, finalmente, exportar el terrorismo hacia Europa. La consecuencia de esa clamorosa falta de respuestas acertadas por parte de la UE ha sido la puesta en cuestión del proyecto de unidad europea, porque en opinión de una parte creciente de la ciudadanía no ofrece seguridad ni protege suficientemente los empleos, salarios y bienestar del que disfrutan frente a los procesos de globalización económica. Procesos vinculados a los movimientos de deslocalización de actividades y empleos, la penetración de bienes y servicios provenientes de los países de bajos salarios o los flujos de trabajadores inmigrantes que disputan a los nacionales los bienes públicos y los empleos precarios y de baja remuneración.

El desarrollo de una alternativa progresista a favor de un cambio de rumbo de la UE está íntimamente asociado al aumento de la presencia pública de la ciudadanía progresista y de los valores de igualdad, solidaridad, cohesión y defensa de los bienes públicos.

Como demuestran los últimos Eurobarómetros con los que la Comisión Europea palpa la evolución de la opinión pública en los países de la UE, una parte minoritaria pero creciente de la ciudadanía opina que su país podría tener mejores perspectivas de afrontar el futuro estando fuera de la UE. Así, en el último Eurobarómetro-85 de primavera de 2016 (realizado un mes antes del referéndum británico, aunque los resultados se publicaron después, en julio de 2016) las personas encuestadas en el RU que compartían esa afirmación retrocedían hasta el 45% (con una pérdida de 2 puntos respecto al anterior Eurobarómetro-84 ) y hasta el 37% las que opinaban que el futuro del RU no sería mejor al margen de la UE (con una pérdida de 5 puntos respecto al Eurobarómetro anterior, de otoño de 2015). La indecisión, a un mes del referéndum, ganaba terreno (7 puntos) y subía hasta el 18%. Curiosamente, el último Eurobarómetro-85 seguía mostrando que en España (59%), Grecia (54%) y Portugal (52%) la mayoría absoluta de los encuestados, como en el conjunto de la UE (55%), seguía considerando que el futuro de su país no sería mejor fuera de la UE.

La inoperancia en múltiples terrenos, la imposición burocrática y la estrategia de salida de la crisis basada en la austeridad y los recortes han reforzado la desafección con la UE y las tendencias nacionalistas, cargadas frecuentemente de tintes racistas y xenófobos, al igual que muy diversas propuestas políticas (defendidas por las organizaciones políticas de la nueva y la vieja extrema derecha que capitalizan electoramente tales tendencias tras desgajarse de la derecha conservadora y neoliberal) que abogan por la recuperación de soberanía y capacidad nacional de decisión frente a Europa, la renacionalización de competencias cedidas y la limitación de poderes que han sido ocupados por instituciones ajenas a todo control estatal-nacional (y democrático). Y, en consecuencia, se oponen a cualquier tipo de avance federalista que identifican, con nula atención a los dispares contenidos de cada propuesta, con nuevas cesiones de soberanía.

Los problemas de la UE son muy anteriores al Brexit, habrían exigido un mensaje político fuerte y sólidas respuestas políticas para superarlos por parte de los líderes y las instituciones europeas. Nada de eso se ha hecho y la situación se ha agravado de forma alarmante. Lo que hace el resultado del referéndum británico es alertar sobre la extrema gravedad del estado de la UE y el carácter imprescindible de respuestas que impidan que la UE entre en un proceso de decadencia y aumento de la oposición y la indiferencia ciudadanas que tras poner en cuestión el proyecto de unidad europeo, acaben desbaratándolo. El Brexit obliga a negociar la futura vinculación del RU con la UE y, de este modo, pone sobre la mesa del debate europeo la necesidad de tener una voz y una visión con suficientes elementos comunes sobre la nueva relación y los cambios necesarios (especialmente en el terreno de la toma democrática de las decisiones y el control de la ciudadanía sobre los órganos responsables) para que el proyecto sobreviva.

Mantener la eurozona en una situación de crisis de deuda, desinflación, mínima inversión, escasa movilidad del capital (observable en el fuerte superávit por cuenta corriente que logran, principalmente, Holanda y Alemania, sin que tengan como contrapartida déficits corrientes de los otros socios), débiles ganancias de productividad y crecimiento potencial y bajo y precario crecimiento efectivo es una tarea más que compleja, casi imposible. Mantener el euro en un conjunto de 19 países con economías que tienden a incrementar sus diferencias estructurales y, por tanto, sus diferencias de renta por habitante aumenta la dificultad de la tarea.

Por otra parte, la desafección ciudadana con los gobiernos y las instituciones europeas está más que justificada y no podrá frenarse ni, mucho menos, revertirse con medidas que no aspiran a solucionar los problemas sino a mantenerlos bajo control mediante una camisa de fuerza de normas y obligaciones tecnocráticas y contables que, además de ineficaces en los objetivos que pretenden, muestran una escasa racionalidad económica y política.

No se me oculta que algunos planteamientos y objetivos del populismo derechista coinciden en parte con los que defienden organizaciones de izquierdas que proponen la salida del euro y la UE con gran diversidad de argumentos y propuestas. Aunque la relevancia cuantitativa de la mayoría de esas organizaciones de izquierdas es muy pequeña y se inclinan por mantenerse en los márgenes de la mayoría social y de la acción política influyente (por ejemplo, el Partido Comunista y la Unidad Popular en Grecia), no habría que echar en saco roto sus críticas. Especialmente cuando están bien fundamentadas y argumentadas. Otra cosa es que las consecuencias políticas que deducen de esas críticas me parezcan manifiestamente mejorables o les impida tender puentes con la mayoría social y disputar la hegemonía a las fuerzas conservadoras y neoliberales.

Otras fuerzas de izquierdas, en cambio, han sido capaces de reducir o modificar su animadversión hacia la UE, sin aparcar sus críticas, para lograr alianzas gubernamentales progresistas bajo liderazgo socialdemócrata (Bloque de Izquierdas y PC en Portugal) que han logrado parar y revertir las políticas de austeridad y el empobrecimiento. En España, Podemos se ha alejado de una descalificación frontal de la UE, que limitaba su capacidad de articular alianzas, y ha dado sobradas muestras de flexibilidad y pragmatismo al incorporar al programa político-electoral las reformas de la UE y la eurozona que defiende. Más recientemente, ha dado un nuevo paso adelante en la formulación de una posición progresista y bien fundamentada sobre la reforma y el futuro de la eurozona con la oportuna Nota conjunta de las Secretarías de Economía e Internacional, publicada el mismo día del referéndum sobre el Brexit: “Una alternativa para la Eurozona. Terminar con las políticas de austeridad y reformar las instituciones europeas”. Por su parte, IU (acompañada en este asunto por parte de Podemos) sigue confundiendo, no sé si con mucha o poca conciencia de esa confusión, propuestas programáticas y consignas de abandono de la UE cargadas de retórica identitaria para uso interno que, supongo, consideran funcionales para diferenciarse y marcar territorio respecto a compañeros de viaje y potenciales competidores. IU se encuentra atrapada entre la inexistencia de un programa de reformas de la UE y una dura hostilidad ideológica, para sustento de activistas, que sitúa su acción política al margen de la disputa real que comienza a llevarse a cabo en torno al futuro de la UE y la eurozona.

Para afrontar la delicada situación de la UE hace falta promover cambios en las estructuras institucionales de la eurozona que puedan iniciarse a corto plazo, por mucho que su culminación requiera en muchos casos de plazos largos. Resulta obligado, por tanto, tener en cuenta las limitaciones que intentará imponer el bloque de poder conservador encabezado por Merkel, en alianza en muchos terrenos con buena parte de la socialdemocracia europea, y acabar con la absurda despreocupación por impulsar los cambios que se pueden llevar a cabo; por ejemplo, canalizar el exceso de ahorro existente hacia una inversión productiva modernizadora orientada a cambiar el patrón de crecimiento e incorporar la restricción que supone el cambio climático. Restricción que es una verdadera oportunidad, si se vincula el impulso de la actividad inversora con el imprescindible cambio tecnológico que exige la transición energética hacia una economía de bajo consumo en carbono. Y, al tiempo, hay que mantener la presión política y social para modificar y trabar en cada uno de los países del sur de la eurozona parte de las imposiciones con mayor impacto destructivo sobre el crecimiento potencial, los mercados laborales y las condiciones de vida de los sectores sociales más vulnerables que atenazan y dañan a las economías y a las mayorías sociales de los países periféricos y a sus sistemas democráticos. Presión a la portuguesa, aprendiendo todo lo bueno del ejemplo del Gobierno tripartito de izquierdas, antes que a la griega, aprendiendo de los errores de la fracasada vía frontal a la griega intentada por el equipo negociador de Syriza dirigido por Varoufakis.

No veo cómo esas tareas, a la vez europeas y nacionales, puedan llevarse a cabo desde la ruptura efectiva con la UE de un país periférico o desde la agitación nacional a favor de un programa que defienda la aventura de una salida de la UE. Tampoco veo muchas posibilidades de vuelcos políticos favorables a la dinámica de cambio de las instituciones y políticas de la UE en los países del norte de la eurozona donde, antes bien, se siguen reforzando las posiciones y las fuerzas políticas xenófobas y antieuropeístas. Movimiento preocupante que se extiende a todos los países de la UE, como reflejan las recientes elecciones regionales del 4 de septiembre en la patria chica de Merkel, donde el populismo xenófobo de Alternativa para Alemania (AfD), con cerca del 21% de los votos, arrebató el segundo puesto al partido de la Canciller federal, la Unión Cristiano Demócrata (CDU), que logró un 19%, y sube a costa de todos los demás partidos.

Solo contando con las restricciones políticas (las posiciones de las fuerzas políticas hegemónicas y las diferencias entre ellas) y sociales (las opiniones de la ciudadanía europea y de los movimientos sindicales y sociales en los que se organiza y la enorme dispersión de sus ideas en cuanto a valoración de los principales problemas que sufren, medidas para resolverlos y prioridades de actuación) existentes cabe armar una estrategia progresista y de izquierdas capaz de influir en las reformas que, en cualquiera de los escenarios previsibles, van a ponerse en marcha a corto y medio plazo.

El desarrollo de una alternativa progresista a favor de un cambio de rumbo de la UE está íntimamente asociado a un aumento de la presencia pública de la ciudadanía progresista y de los valores de igualdad, solidaridad, cohesión y defensa de los bienes públicos. Solo contando con esa baza, una ciudadanía más activa, consciente y organizada, se podrá propiciar el necesario desencuentro entre el bloque conservador y las fuerzas socialdemócratas y lograr una aproximación de las nuevas fuerzas del cambio y una parte de las viejas corrientes socialdemócratas en defensa de los intereses de las grandes mayorías sociales y del conjunto de las regiones y Estados miembros de una UE renovada. Sin una mayor presencia de la mayoría social en el debate de ideas y propuestas en torno al futuro de la UE no será posible la imprescindible erosión del gran acuerdo fraguado en los últimos años por la derecha conservadora y ultraliberal y gran parte de la izquierda socialdemócrata en torno a la defensa de la estrategia de austeridad y de una Europa al servicio de mercados desregulados que benefician a los grandes grupos empresariales.

La viabilidad política de una alternativa de reforma institucional democratizadora de la UE y puesta en marcha de una alternativa a las medidas de austeridad y devaluación salarial que dé máxima prioridad a corto plazo a la inclusión y el rescate de la gente dependen de ello.

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