¿Qué es una reindustrialización inteligente y ecológica?

la cabeza en la casa
Cabeza en casa. Foto: Carmen Barrios

“Frente al ‘Estado depredador’ del Partido Popular, pondremos en práctica desde las autonomías un ‘Estado emprendedor’ que […] invierta a fondo en una reindustrialización inteligente capaz de abrir, por décadas, nuevos mercados de futuro como la transición energética, la economía circular o la movilidad eléctrica…”

Así se expresaban Iglesias y Errejón en un artículo conjunto, “De Madrid al cielo”, del pasado 25 de julio que iniciaba, aparentemente, una nueva etapa de mayor sintonía entre los líderes de las dos principales corrientes de opinión que existen en el seno de Podemos y abría de nuevo puertas y esperanzas a un vuelco progresista y de izquierdas en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid en 2019.

Detrás de esa etiqueta de reindustrialización inteligente y de los buenos propósitos sobre la transición energética, la economía circular o la movilidad eléctrica que la acompañan, ¿hay un texto o algo parecido a un programa? Mucho me temo que no, que se trata de un concepto útil para la propaganda y para la diferenciación pero aún insuficiente para generar y concretar una acción política capaz de hacer avanzar la tarea reindustrializadora. Convertir esa etiqueta en un programa progresista de reindustrialización creíble y viable es una tarea pendiente.

Todo camino, por muy complejo y difícil que sea, y el de la reindustrialización lo es, comienza con un primer paso que puede ser tan sencillo como el de señalar un objetivo y ponerle nombre. Es un primer paso valioso, pero insuficiente. Hay que llenarlo de contenido y argumentos y completarlo con una guía y unos instrumentos de política económica que permitan financiar y llevar a cabo esa tarea y lograr en plazos razonables avances que mejoren la especialización productiva de la economía española, hagan subir la gama de su oferta productiva, permitan compatibilizar el crecimiento con una mayor eficiencia energética y supongan más empleos y de mayor calidad.

Una propuesta de reindustrialización requiere instrumentos de política económica que permitan financiar y llevar a cabo esa tarea, y lograr en plazos razonables avances que mejoren la especialización productiva de la economía española, hagan subir la gama de su oferta productiva, permitan compatibilizar el crecimiento con una mayor eficiencia energética y supongan más empleos y de mayor calidad.

Los primeros pasos pueden comenzar a darse, efectivamente, apurando las competencias de las CCAA, pero para llevar a cabo la tarea reindustrializadora se requieren plazos más amplios que los que ofrece el tiempo político de una legislatura. También, cooperación con otras instituciones de ámbito estatal y comunitario. Porque la lógica de funcionamiento del mercado único combinada con el euro generan tendencias desindustrializadoras en las economías del sur de la eurozona y la concentración de la industria y los servicios de alta gama en unas pocas economías centrales del euro. Y porque, en un sentido parecido, las fuerzas de la globalización seguirán empujando, como desde hace tres décadas y a pesar de su coyuntural debilitamiento actual, a la deslocalización de las actividades y los procesos industriales más intensivos en trabajo desde el conjunto de economías desarrolladas hacia las economías emergentes.

Ambas lógicas, la de la actual eurozona, con su incompleta e incoherente arquitectura institucional y el predominio de políticas no cooperativas entre los socios, y la de la hiperglobalización dominante, centrada en la eliminación de las barreras al comercio y la desregulación de las operaciones financieras, se complementan para impulsar la desindustrialización de la mayoría de las economías de la eurozona y, al tiempo, aumentar la heterogeneidad y ampliar las divergencias productivas y de rentas entre los Estados miembros. De este modo, mientras algunos de los socios que comparten el euro se desindustrializan y aumentan el peso relativo de los servicios a las personas de menor valor añadido (pertenecen a este grupo España, Francia, Grecia, Italia y Portugal, con importantes diferencias entre sus economías), otros socios, los que mantienen buena parte de su peso industrial (Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia e Irlanda), conservan los sectores manufactureros de mayor densidad tecnológica y valor añadido y expanden los servicios a las empresas que son también intensivos en tecnología y requieren mayores niveles de cualificación laboral.

Esa heterogeneidad y la divergencia entre los socios de la eurozona no se pueden resolver actuando exclusivamente desde los niveles autonómicos (o locales). Por eso es tan importante involucrar a las autoridades estatales y lograr la cooperación de las instituciones comunitarias y, muy especialmente, de instituciones específicas de la eurozona que están por crearse, si se quiere frenar la desindustrialización de los socios del sur de la eurozona y las divergencias productivas. Si no se consigue esa cooperación el euro y el proceso de unidad europea seguirán perdiendo apoyos entre la ciudadanía europea. Sería necesario establecer políticas comunes encaminadas a frenar las divergencias entre los Estados miembros y, al mismo tiempo, compensar los impactos económicos y sociales negativos que sufren los países que experimentan procesos de desindustrialización y los sectores sociales afectados por los efectos más dañinos de ese cambio estructural en forma de desempleo, empleos precarios y salarios insuficientes.

Llevar a buen término la reindustrialización inteligente requiere actuar desde las instituciones comunitarias, con mayor poder y capacidad que los Estados miembros por separado o poco conscientes de sus intereses comunes. Cooperación para cambiar y acabar la arquitectura institucional de la eurozona y para influir en la tarea de embridar la globalización, gobernarla, hacerla compatible con niveles suficientes de soberanía nacional y subordinar su curso e intensidad a los objetivos, restricciones y regulaciones que democráticamente decida la ciudadanía en cada país. Mientras tanto, parece evidente, hay que actuar con las herramientas que se tengan a mano para impulsar la tarea reindustrializadora de la economía española y para lograr sustituir la hegemonía conservadora en la UE por una mayoría progresista que promueva la reindustrialización y la cohesión con políticas comunitarias desde las instituciones europeas.

Llevar a buen término la reindustrialización inteligente requiere actuar desde las instituciones comunitarias, con mayor poder y capacidad que los Estados miembros por separado o poco conscientes de sus intereses comunes.

Desechar otra reindustrialización idiota, el actual intento industrializador sustentado en la austeridad y las proclamas soberanistas de la extrema derecha

Hay una falsa vía, por insostenible, de reindustrialización que ya ha sido experimentada por la economía española. Durante el decenio anterior al estallido de la crisis global en 2008, la economía española conoció un proceso de reindustrialización vinculado a la burbuja del ladrillo y las actividades industriales que abastecían la expansión de la construcción. Se trata del mejor y más cercano ejemplo de industrialización insostenible y depredadora de recursos materiales y energéticos, pues en nada contribuyó a aumentar el crecimiento potencial, impulsar la productividad global de los factores, mejorar los empleos, consolidar el bienestar de la mayoría social o promover un consumo eficiente de la energía. Fue el más ilustrativo ejemplo de cómo mercados teóricamente eficientes en la valoración de los activos financieros y la asignación de recursos fueron en la práctica incapaces de hacerlo y, menos aún, de detectar los evidentes riesgos de canalizar las ingentes cantidades de financiación a bajo coste, que surtían otros países de la eurozona, hacia la construcción, inflando la burbuja inmobiliaria y, con ella, la cuenta de resultados de las empresas del sector, los bancos que las financiaban, las campañas electorales y los bolsillos de políticos y empresarios corruptos.

Se trata del ejemplo más acabado de una reindustrialización carente de toda inteligencia, dejada al albur de los automatismos ciegos del mercado. A la que contribuyó sobremanera la actuación cómplice de unas autoridades e instituciones reguladoras ciegas ante el deslumbramiento de los mercados por las altas tasas de rentabilidad a corto plazo que se obtenían en el negocio inmobiliario, cuando no involucradas en prácticas corruptas directamente vinculadas al negocio de la construcción. Una auténtica labor depredadora del sector público protegida e impulsada desde las instituciones.

La crisis global que se inicia en 2007-2008 no interrumpió esa labor depredadora, simplemente obligó a reducir su volumen, dado el hundimiento del sector de la construcción y de la industria auxiliar que la abastecía, y, sobre todo, a cambiar el formato del despojo al que se sometió al sector público y de la estafa que siguió sufriendo la ciudadanía por parte de políticos y empresarios que asentaban su negocio en la corrupción vinculada a tramas político-empresariales mafiosas.

Toca ahora definir los primeros pasos de una aún inexplorada reindustrialización inteligente y de inscribirlos en un diseño de políticas económicas a largo plazo que permitan clarificar y concretar los pilares fundamentales de una estrategia alternativa de reindustrialización compatible con un modelo de crecimiento y desarrollo sostenibles.

Conocidos los nefastos resultados económicos de la reindustrialización vinculada a la burbuja especulativa del sector inmobiliario hay que romper también con la estrategia de austeridad que incorpora también, aunque no sea su objetivo principal, un nuevo intento de reindustrialización de los países del sur de la eurozona.

No se olvide que la gran patronal y las autoridades políticas españolas han ensayado a partir de 2010 un nuevo modelo industrializador basado en la devaluación interna, tratando, con la reducción de los costes laborales (a la que han añadido recortes fiscales que benefician las cuentas de resultados de las empresas), recuperar competitividad. La presión sobre la demanda interna, vía recortes de salarios y gastos e inversiones del sector público, consiguió al tiempo impulsar las exportaciones, frenar las importaciones y dar cierto impulso a la actividad industrial, logrando así eliminar el déficit exterior, recuperar parte de la rentabilidad perdida por los grandes grupos empresariales y reducir lentamente el déficit público.

La estrategia de austeridad también facilita que la economía española arrebate mercados e inversiones extranjeras directas a socios de la eurozona con los que competimos en productos de similar gama con ventaja en los precios. Logros conseguidos, conviene volver a remarcarlo, a costa de recortar salarios, derechos laborales y bienes públicos. El crecimiento de PIB apenas beneficia a la mayoría social, pero lo peor es que la salida de la crisis y el crecimiento así conseguidos exigen perpetuar los recortes de salarios, derechos laborales y bienes públicos. Con las consecuencias sabidas de explosión de la exclusión y la desigualdad en la sociedad española y, de paso, sometimiento de nuestros socios de la eurozona (Francia e Italia), cuyos gobernantes se han resistido en mayor medida que los españoles a aplicar las medidas de devaluación interna, a una presión competitiva que los empuja a emprender también la desregulación de sus mercados laborales para intentar recortar los costes laborales y fiscales que soportan sus empresas.

La estrategia de austeridad y devaluación salarial fue impuesta por las instituciones europeas a los países del sur de la eurozona para evitar costes a los poderosos países del norte de la eurozona que se han negado hasta ahora a completar las instituciones europeas en un sentido federal, que pudiera implicar mutualización entre los socios de deudas y riesgos. Pero conviene entender que las políticas de austeridad y devaluación salarial suponen también una estrategia conservadora de reindustrialización sustentada en una búsqueda de competitividad-precio que exige la constante reducción de los costes laborales y fiscales que soportan las empresas y los consiguientes costes sociales.

También la extrema derecha tiene su propia vía reindustrializadora, pregonando las ventajas que obtendrían sus países si se atrincheran en un nacionalismo proteccionista reindustrializador que amuralle sus fronteras frente a las importaciones y la inmigración.

La falsa y simplista solución de la estrategia de austeridad y devaluación salarial que culpa a los altos costes laborales y gastos públicos de todos los problemas se complementa perfectamente con la falsa y simplista proclama soberanista de reforzar el proteccionismo nacional y abandonar la eurozona que culpa de todo al euro y la globalización.

Las críticas a esos dos proyectos de reindustrialización, el de la derecha conservadora partidaria de mantener la incompleta eurozona actual y retrasar todo lo que se pueda la reforma institucional que permita mejorar su mal funcionamiento y el de la extrema derecha soberanista contraria al euro y la UE, son necesarias, pero de nada o muy poco sirven si no se ofrece una alternativa progresista viable. La reindustrialización inteligente puede ser un buen reclamo, a condición de que se llene de contenido y se sustente en un diagnóstico abierto a detectar el conjunto de factores que causan la desindustrialización, no solo los vinculados a la competitividad-precio, y en un programa de medidas de política económica que aborden, desde el protagonismo público y la cooperación de todos los niveles institucionales nacionales y comunitarios, el conjunto de causas, comunes a todos los Estados miembros de la eurozona y particulares de cada economía nacional.

Reindustrialización inteligente significa reindustrialización ecológica

En el pasado, todos los procesos de industrialización han ido acompañados de un creciente consumo de energías fósiles y del consiguiente aumento insostenible de la concentración atmosférica de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Actualmente, la realidad del cambio climático exige que toda tentativa industrializadora se vea acompañada de inversiones productivas que consigan un crecimiento económico controlado, reduzcan la intensidad en el consumo de materiales y energías y supongan un cambio a favor de las energías renovables, con el triple objetivo de evitar el despilfarro energético, reducir los impactos medioambientales del crecimiento del PIB y aumentar el bienestar social. Inversiones, por ejemplo, en el impulso de las energías renovables, el aislamiento de los edificios, la movilidad de personas y mercancías, el tratamiento de los residuos y su reciclaje o el desarrollo de nuevos materiales y energías.

Esta nueva forma de entender el crecimiento del PIB no puede basarse en la lógica de acumulación de capital ni en una búsqueda de la rentabilidad que impulsa una obsolescencia apresurada de los bienes de consumo, su rápida sustitución por otros nuevos, evitando o penalizando las reparaciones, y una cultura que vincula bienestar y consumo irreflexivo. Requiere una regulación que contribuya a rechazar los costes externos inasumibles o, en otros casos, valorarlos e integrarlos en el precio de los bienes. Y promover una cultura social y ecológica que haga de contrapeso a la lógica mercantil y prime el uso eficiente de la energía a lo largo del ciclo completo de inversión, producción, transporte, consumo y recuperación y reciclaje de los residuos.

En unos años, el descenso de las reservas y la oferta de energías fósiles y la subida de su precio encarecerán su consumo y obstaculizarán su utilización para el transporte de mercancías y personas con la misma intensidad que ahora, pero antes sería necesario reducir el consumo de derivados del petróleo. Además de restringir el uso del vehículo privado en las grandes ciudades, habría que disminuir el transporte de mercancías a larga distancia fomentando los actuales movimientos espontáneos de relocalización de parte de la producción antes deslocalizada y su proximidad a la demanda. Un acuerdo internacional para establecer una tasa sobre los kilómetros recorridos por las mercancías podría ser un avance en ese sentido; más aún si dicha tasa tiene la finalidad de financiar las energías renovables que pudieran sustituir efectivamente a las energías fósiles en el conjunto de actividades económicas.

Lograr la mejora de la competitividad no tiene como única vía la presión sobre los costes laborales y fiscales para trasladar a los precios su reducción y eliminar competidores en una loca carrera que acaba perjudicando a todos los participantes en la competencia y, muy especialmente, a las clases trabajadoras. Requiere también, y en muchos países sobre todo, cambiar la especialización productiva, escalar la gama de la oferta, mejorar el sistema educativo y de formación profesional o primar la oferta de bienes públicos destinados a satisfacer necesidades sociales. Para ello haría falta promover un nuevo tipo de comercio internacional, lo que quiere decir una mundialización alternativa a la hiperglobalización que hoy existe. En la que los beneficios netos del progreso tecnológico y la eliminación de aranceles y barreras no arancelarias no supongan recortes de derechos y libertades ni procesos de distribución de rentas que favorezcan, en un lado, a los grandes grupos empresariales transnacionales y, en el otro, que el aumento de rentas generado sea capturado en exclusiva por empresarios domésticos estrechamente vinculados con el poder político o con los intereses de las empresas multinacionales.

Reorientar el aparato productivo industrial hacia un modelo más ecológico y social requiere abandonar la lógica de la fuga hacia adelante, que promueven los mercados desregulados y el actual modelo neoliberal de capitalismo.

El ideario extremista de carácter nacionalista que pretende defender la producción doméstica de los países capitalistas desarrollados erigiendo barreras a la importación de mercancías (y a la llegada de inmigrantes y refugiados) no permite cambiar las reglas de la mundialización actual ni proteger a la oferta y el empleo domésticos, porque desconsidera el impacto de esas medidas proteccionistas sobre importaciones que son absolutamente necesarias para el funcionamiento de la producción nacional. Las largas cadenas internacionales de valor en las que se ha dividido la mayoría de los procesos de producción en las economías desarrolladas hacen imprescindibles unas importaciones que el proteccionismo encarecería.

Reorientar el aparato productivo industrial hacia un modelo más ecológico y social requiere abandonar la lógica de la fuga hacia adelante que promueven los mercados desregulados y el actual modelo neoliberal de capitalismo. No es razonable dejar a futuras generaciones la resolución de los problemas que se generan hoy, cargándolas con los costes económicos y medioambientales que provocan decisiones irresponsables orientadas por mercados insensibles a la valoración de riesgos y externalidades negativas de carácter económico, ecológico y social.

El respeto por el medioambiente y, como consecuencia, la imprescindible lucha contra el calentamiento global y el cambio climático son bienes públicos mundiales de la misma entidad que la alimentación (la lucha contra el hambre y la pobreza de alimentos) la salud (la promoción de una atención sanitaria adecuada y de la investigación contra las enfermedades que azotan a los países pobres) o la educación (que permite elevar el crecimiento potencial y lo hace compatible con la cultura del consumo responsable). Bienes públicos que no deben estar subordinados a la lógica mercantil de acumulación de capital, especulación y maximización de beneficios. Para ser inteligente la reindustrialización debe ser ecológica.

Cuando la economía mundial se transforma en una economía de servicios y la demanda global de productos industriales aumenta muy poco, es muy difícil que muchos países puedan aspirar a reindustrializarse. Una reindustrialización inteligente no puede aspirar tanto a aumentar significativamente el peso relativo de su sector industrial como a mantenerlo por otras vías (la diferenciación, la mejora de gama o el desarrollo de nuevas tecnologías) que no sean la de ganar competitividad mediante una reducción de costes laborales y fiscales de las empresas que obliga a sus competidores a hacer lo mismo con pérdidas para todos.

El avance práctico de una reindustrialización inteligente, ecológica y progresista permitirá también debilitar los apoyos sociales que logran vías condenadas de antemano al fracaso, como la de volver a repetir una industrialización basada en una nueva burbuja especulativa insostenible del sector inmobiliario o la que proclama una extrema derecha soberanista, xenófoba y antieuropeísta que nada parece entender de las vinculaciones productivas, tecnológicas o financieras de carácter internacional que mantienen sus países ni de las cadenas de valor mundiales de las que forman parte buena parte de sus grandes y medianas empresas.

 

 

 

 

 

 

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso Más información

Las opciones de cookie en este sitio web están configuradas para "permitir cookies" para ofrecerte una mejor experiéncia de navegación. Si sigues utilizando este sitio web sin cambiar tus opciones o haces clic en "Aceptar" estarás consintiendo las cookies de este sitio.

Cerrar