¿UNA VÍA HACIA LA DEMOCRACIA ECONÓMICA?

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Dar el salto. Foto: Carmen Barrios

Democracia económica

Una de las principales contradicciones del capitalismo es el choque frontal entre la democracia política y la democracia económica. Mientras la primera está relativamente asegurada en el marco del parlamentarismo representativo heredado de las revoluciones liberales del XIX, la segunda es reprimida de raíz por la estructura económica capitalista, basada en la propiedad privada de los medios de producción y la explotación. Para comprender esta contradicción y entender los mecanismos que podrían paliarla o, incluso, hacerla desaparecer, es imprescindible que nos detengamos brevemente en una pregunta aparentemente sencilla: ¿en qué consiste exactamente la democracia económica?

Sería muy positivo para la clase trabajadora europea y mundial que los sindicatos abrieran un debate serio y abierto sobre la cuestión de los fondos de inversión de los asalariados. La lucha contra la barbarie así lo exige.

Si bien se trata de una cuestión ardua que conlleva un debate de gran calado, en el ámbito que aquí me ocupase podría definir la democracia económica en términos sencillos como el poder de decisión de los ciudadanos, en general, y de los asalariados, en particular, sobre la producción, la distribución, el excedente y la acumulación. La ampliación y profundización de este tipo de democracia permitiría aumentar la influencia de la clase trabajadora sobre los objetivos de la economía, lo que haría posible un mayor peso de las necesidades humanas, sociales y medioambientales en la toma de decisiones frente a las exigencias de lucro y crecimiento a corto plazo a las que obliga la lógica capitalista. Gracias a ello, cuestiones cruciales para el desarrollo y el bienestar, como el trabajo, la educación, la sanidad, la igualdad de ingresos y riqueza o la sostenibilidad, ocuparían un lugar mucho más relevante a la hora de planificar e implementar la actividad económica.

Dos son las vías clásicas que la investigación y la política han venido proponiendo para un mayor acercamiento a la democracia económica: el principio de la paridad y el de la propiedad. El primero apuesta por construir marcos legislativos conducentes a limitar el poder de decisión que emana de la propiedad del capital en favor de una mayor influencia de los trabajadores, aunque sin modificar la estructura básica de dicha propiedad. Para ello, propone las clásicas leyes de cogestión, entre las que destaca el conocido referente de la Mitbestimmung alemana. Esta ha sido la corriente dominante en la socialdemocracia en las décadas pasadas, aunque actualmente no atraviesa su mejor momento.

Por su parte, el principio de la propiedad se enfrenta de lleno con el núcleo duro del capitalismo: la propiedad privada de los medios de producción. Esta alternativa considera que la cogestión no acaba ni con la desequilibrada distribución de riqueza característica del sistema ni tampoco con las bases estructurales de la desigualdad de poder entre trabajo y capital en la que se basa la explotación. Sin embargo, no por ello se trata de una estrategia revolucionaria ni frontalmente anticapitalista, ya que nada tiene que ver con la abolición del capitalismo desde su raíz que defiende, por ejemplo, el marxismo. Bien al contrario, esta vía acepta las reglas básicas del mercado como sistema de asignación de recursos y productos, de manera que no acaba con las múltiples contradicciones asociadas a la competencia, a la realización y a la valorización del capital.

Entre los diversos instrumentos posibles dentro del marco del principio de la propiedad destaca, por ser el más desarrollado en el terreno teórico y práctico, el de los fondos de inversión colectiva. Podrían definirse como “la acumulación gradual de capital en varias empresas a nombre de determinados grupos de trabajadores o de ciudadanos a nivel local, regional, nacional o supranacional para su beneficio colectivo a través de un mecanismo mediante el que estos grupos adquieren fracciones crecientes de la propiedad de dichas empresas a través de fondos de inversión que funcionan como depositarios del capital”[1].

Aunque existen otros ejemplos históricos muy interesantes, como el caso del Statens Pensjonsfond noruego o los Fonds de solidarité FTQ de Québec, el experimento probablemente más avanzado y potencialmente radical en este sentido fue el de los Fondos de Inversión de los Asalariados (Löntagarfonder) aprobados por el gobierno socialdemócrata sueco en la década de los ochenta del siglo pasado. Revisaré a continuación sus elementos básicos con el fin de delinear sus virtudes, sus límites, sus contradicciones y, sobre todo, sus enseñanzas para posibles estrategias futuras en pos de la democracia económica.

Los fondos de inversión de los asalariados: orígenes y aplicación

Lo primero que hay que decir es que estos fondos puestos en marcha en Suecia no son, de ninguna manera, una idea sueca. En realidad, se trata de una estrategia originada y desarrollada en otros países europeos con anterioridad, aunque sin que en ninguno de ellos llegara a ponerse en marcha. El primer proyecto en esta línea, conocido como Plan Gleitze, fue teorizado en la RFA en los años cincuenta y entró en el debate político en los setenta, aunque sin éxito. Otras iniciativas similares fueron probadas en la misma época en otros lugares como Dinamarca, los Países Bajos o el Reino Unido, sin llegar tampoco a implementarse.

El Plan Meidner obligaba a la mayoría de las empresas suecas a emitir un número de acciones nuevas equivalente al 20% de sus beneficios a nombre de un fondo de inversión gestionado por un consejo de administración formado mayoritariamente por cuadros sindicales y, en menor medida, por representantes del gobierno y las empresas.

El proyecto diseñado inicialmente en Suecia en los setenta en el seno de la poderosa Confederación de Sindicatos (LO), conocido como Plan Meidner por el nombre de su principal promotor[2], era francamente radical, sobre todo si tenemos en cuenta el tradicional pragmatismo reformista que siempre ha caracterizado a la socialdemocracia escandinava. En pocas palabras, obligaba a la mayoría de las empresas suecas a emitir un número de acciones nuevas equivalente al 20% de sus beneficios a nombre de un fondo de inversión gestionado por un consejo de administración formado mayoritariamente por cuadros sindicales y, en menor medida, por representantes del gobierno y las empresas. Los réditos obtenidos por estos fondos serían usados exclusivamente para comprar nuevas acciones o para financiar programas de formación en gestión para los trabajadores. Dado que no se contemplaba ninguna forma de titularidad individual de los valores adquiridos ni su venta, el proyecto asumía un principio básico de propiedad colectiva.

De haberse puesto en marcha, el Plan Meidner habría tenido un impacto dramático sobre la propiedad corporativa. Según sus normas de funcionamiento, cuanto más rentable fuera una empresa, más rápidamente pasaría su propiedad a manos de los

sindicatos[3]. Esto llevaría a un proceso hacia la socialización democrática del capital sin parangón en ninguna otra nación capitalista. Como escribió David Harvey: “Probablemente en ninguna parte del mundo occidental el poder del capital se vio más amenazado en la esfera democrática durante la década de 1970 que en Suecia”[4].

A nadie puede sorprender, pues, que la reacción del capital fuera unánime y furibunda. Gracias a su capacidad económica y su influencia política y mediática, las empresas fueron capaces de convocar (y financiar) grandes manifestaciones en las calles, insistentes campañas de rechazo al proyecto en la prensa y todo tipo de contraataques desde los diversos partidos de la derecha[5].

Más allá de las formas y las exageraciones, lo cierto es que el principal argumento contra el Plan Meidner no era descabellado, puesto que esta iniciativa suponía la ruptura total del llamado “compromiso histórico” que capital y trabajo firmaron en Saltsjöbaden en los años treinta y que llevaría a más de cuatro décadas de crecimiento y acumulación más o menos equilibrados y de casi absoluta paz social. En este acuerdo, el capital aceptaba la hegemonía política de la socialdemocracia y el papel preponderante de los sindicatos en la construcción de un modelo de corte corporativista a cambio de la renuncia por parte de éstos a promover cualquier tipo de medida que pusiera en peligro la propiedad capitalista y su monopolio en la gestión económica y en las decisiones relativas al empleo. Obviamente, los fondos salariales de inversión suponían una impugnación innegable de estos principios.

A raíz de esta campaña, ni la clase trabajadora ni la opinión pública llegaron a identificarse con este proyecto, del mismo modo que en las filas del Partido Socialdemócrata de Suecia (SAP), fielmente apegadas a su ancestral pragmatismo, tampoco reinaba el entusiasmo, precisamente. Como dijo Robin Blackburn: “El Plan Meidner era muy radical y ellos [los socialdemócratas] no lo eran”[6].

Así, tras tres profundas revisiones destinadas a hacer digerible esta propuesta sindical entre los cuadros del partido con el fin de posibilitar su implantación legislativa, el plan acabó convirtiéndose en una pálida y deformada sombra de lo que originalmente se pretendía. El nuevo proyecto, finalmente aprobado en el Parlamento en 1983 y puesto en marcha al año siguiente, renunciaba de raíz a que los fondos pudieran alcanzar la mayoría del capital social en ninguna empresa, convirtiéndolos en poco más que nuevas versiones de los clásicos fondos de pensiones (ATP) que ya existían en Suecia desde los años sesenta. Estos fondos realmente existentes, en lugar de nutrirse de ampliaciones de capital condicionadas a las ganancias de las empresas, se financiaban con impuestos que, además, en su mayor parte, procedían de los salarios, de manera que renunciaban a cualquier tipo de redistribución de la propiedad corporativa[7].

Finalmente, tras alcanzar unos resultados situados a años luz de las pretensiones iniciales, estos fondos fueron abolidos en 1991 por una coalición de derechas que logró desbancar temporalmente al SAP del gobierno. Con ello, no sólo se acabó con una de las más prometedoras iniciativas que jamás ha propuesto el reformismo en pos de la democracia económica, sino que se dañó muy gravemente la propia posibilidad de mantener el debate público acerca de este tipo de cuestiones en el futuro.

Tras alcanzar unos resultados situados a años luz de las pretensiones iniciales, estos fondos fueron abolidos en 1991 por una coalición de derechas que logró desbancar temporalmente al SAP del gobierno.

Objetivos de los fondos de inversión de los asalariados

Los fondos de inversión de los asalariados pretendían alcanzar cuatro objetivos de carácter político; a saber: aumentar la influencia de los asalariados en la gestión de las empresas, fomentar la socialización del capital, fortalecer la posición de poder de los sindicatos y estimular la solidaridad y la conciencia de clase entre los trabajadores. Además, el proyecto original buscaba conseguir dos hitos económicos: luchar contra la creciente concentración de capital y riqueza que, a pesar de la igualación de ingresos del trabajo, se venía dando en Suecia desde los años treinta y resolver algunos de los principales efectos perversos que la llamada política salarial solidaria. Entre estos últimos, destacaban los beneficios extraordinarios que generaba a las grandes corporaciones exportadoras, el estancamiento en el crecimiento de los salarios de los empleados de mayor cualificación y el trasvase masivo de ingresos desde el trabajo hacia el capital[8]. La versión finalmente puesta en marcha incluía un cuarto objetivo muy relacionado con la situación de crisis económica por la que atravesaba Suecia en los años setenta: la formación de capital destinado a la inversión productiva. Mediante este último fin, se pretendía contrarrestar el irrefrenable desplome de la inversión derivado de la caída de los beneficios corporativos y, además, orientar la acumulación hacia destinos funcionales para la creación de empleo, el crecimiento y el incremento de la competitividad.

En particular, este cuarto objetivo económico tenía la virtud de facilitar un ritmo de inversión más estable y una menor dependencia respecto de las expectativas sobre las tasas de ganancia, lo que podía resultar útil para amortiguar los efectos perjudiciales de las recesiones sobre el crecimiento y el empleo. Además, esta suerte de mecanismo anticíclico, al estar gobernado por los sindicatos, podría incorporar criterios de inversión menos especulativos y a más largo plazo. Gracias a ello, coadyuvaría a centrar el foco de atención en mayor medida en cuestiones como la lucha contra el paro, la subida del salario directo y relativo o la mejora de las condiciones de trabajo.

Esta estrategia podría servir para hacer frente a las recurrentes e inevitables crisis propias de la dinámica de acumulación capitalista mediante una vía alternativa a las líneas básicas de acción de las ortodoxias tradicionales: la keynesiana y la neoliberal. Como es bien sabido, la “solución” keynesiana centra sus esfuerzos en luchar contra la falta de demanda agregada necesaria para favorecer el crecimiento y el empleo a través del concurso del gasto público, como si todas las crisis fueran de naturaleza subconsumista.

Por su parte, la “solución” neoliberal defiende invariablemente una política fiscal y monetaria restrictiva con la intención de reducir los costes laborales para mejorar la competitividad exterior del capital y, así, relanzar las tasas de ganancia y de acumulación. Las consecuencias de la primera opción sobre el déficit presupuestario, la deuda pública, los tipos de interés y (en el mejor de los casos) la inflación son, sin duda, difíciles de negar, aunque los efectos de la segunda resultan mucho más perjudiciales para la clase trabajadora.

En efecto, este tipo de estrategias neoliberales de austeridad, típicas de la época “gloriosa” del patrón oro de finales del siglo XIX y devueltas a la actualidad europea de la mano de la UEM y el FMI, fomentan el estancamiento o, incluso, la caída del salario directo, gracias al aumento del paro y la mayor agresividad del poder del capital frente a los trabajadores, y también del indirecto, en forma de recortes en servicios públicos, lo que conduce a una mayor explotación de clase, a una creciente desigualdad, y, finalmente, al aumento de la pobreza.

Si abandonamos marcos teóricos ajenos a la realidad y asumimos la evidencia empírica que relaciona el declive de las tasas de inversión con la caída de las expectativas de crecimiento de los beneficios[9], entonces entenderemos fácilmente cómo los fondos de inversión de los asalariados, al favorecer una mayor estabilidad en los ritmos de acumulación, puede ser una herramienta enormemente útil para afrontar las crisis del capitalismo con algo menos de sufrimiento para la clase trabajadora[10]. Todo ello teniendo en cuenta, obviamente, que no se trata de una estrategia que vaya a acabar con las contradicciones del sistema ni con la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, sino de un mecanismo que puede aportar cierto alivio ante las peores consecuencias de las recesiones[11].

Por estos motivos, considero que sería muy positivo para la clase trabajadora europea y mundial que los sindicatos abrieran un debate serio y abierto sobre la cuestión de los fondos de inversión de los asalariados. La lucha contra la barbarie así lo exige.

 

Mario del Rosal es Docente de economía de secundaria y bachillerato y profesor de economía política internacional en la Universidad Carlos III de Madrid. Doctor en economía por la Universidad Complutense de Madrid.

 

[1]      Sjöberg, Stefan y Dube, Nyegosh (2014). “Economic Democracy through Collective Capital Formation: The Cases of Germany and Sweden, and Strategies for the Future”. World Review of Political Economy, 5 (4), pp. 488-515.

[2]     Rudolf Meidner (1914-2005) desempeñó de 1945 a 1966 el puesto de economista jefe del Departamento de Investigación de la LO y, además de ser el artífice del plan que lleva su nombre, es conocido principalmente por ser, junto a Gösta Rehn, el principal responsable del llamado modelo Rehn-Meidner, núcleo esencial del célebre Modelo Sueco desde los años cincuenta hasta la década de los ochenta.

[3]      Por ejemplo, el capital de una empresa con una tasa de ganancia constante del 10% anual pasaría a pertenecer en más de un 50% a estos fondos en un periodo de tiempo de 35 años.

[4]     Harvey, David (2005). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal, 2009.

[5]     Entre las más vitriólicas “perlas” expelidas por el capital y sus aliados encontramos las siguientes: “Un ataque frontal a la santidad de la propiedad privada”; “La mayor amenaza para el Modelo Sueco”; “¡Revolución en Suecia!”; “Puro socialismo sin adulterar”; “La mayor confiscación jamás vista en Occidente”.

[6]     Blackburn, Robin (2005). “Capital and Social Europe”. New Left Review, 34, pp. 87-112.

[7]      Para más detalles, se puede acudir, entre otros, a Pontusson, Jonas y Kuruvilla, Sarosh (1992). “Swedish Wage-Earner Funds: An Experiment in Economic Democracy”. Industrial and labour Relations Review, 45 (4), pp. 779-791.

 

[8]      Esta política salarial solidaria era la base del ya mencionado Modelo Rehn-Meidner, cuyos detalles son analizados y criticados en Del Rosal, Mario (2015). El capitalismo sueco y los límites del socialismo reformista. Una crítica marxista del modelo Rehn-Meidner (1932-1983). [http://eprints.ucm.es/33673/1/T36553.pdf] y en Del Rosal, Mario (2016). “Socialdemocracia y capital: las raíces neoclásicas del modelo sueco”. Pensamiento al margen, nº 4 [www.pensamientoalmargen.com/suecia].

[9]     Michael Roberts, en su siempre recomendable blog, analiza con detalle esta concepción de la dinámica capitalista en diversas entradas. Por ejemplo: https://thenextrecession.wordpress.com/2015/11/24/marxians-marxists-profitability-investment-and-growth/

[10]     El propio Keynes, con quien no compartimos marco de referencia teórico, afirmaba en su opus magnum lo siguiente: “Creo, por tanto, que una socialización bastante completa de las inversiones será el único medio de aproximarse a la ocupación plena”. (Keynes, John Maynard (1936). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. México D.F., Fondo de Cultura Económica,1965).

[11]     Como afirma el economista sueco Erik Åsard: “Los fondos de inversión de los asalariados son el epítome del dilema eterno de la socialdemocracia: cómo abolir las consecuencias negativas de sistema capitalista sin perjudicar al mismo tiempo los leyes y mecanismos de ese mismo sistema”. (Citado en Tilton, Timothy A. (1991). The Political Theory of Swedish Social Democracy: Through the Welfare State to Socialism. Oxford: Clarendon Press).

 

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