Algo sucedió en Suecia a mediados de los años ochenta del pasado siglo que podía haber cambiado el mundo y que ha sido conscientemente ocultado. La confederación de sindicatos suecos, Landsorganisationen (LO), y el Partido Socialdemócrata Sueco (SAP) durante un siglo formaron parte del mismo proyecto social y político, lograr una plena democracia política, social y económica.
La primera fase, la democracia política, dio un gran paso en 1911 con la conquista del sufragio universal masculino y fue plenamente consolidada con la extensión del mismo derecho a las mujeres en 1921. Suecia fue uno de los países pioneros en el reconocimiento del voto universal.
La segunda, la democracia social, estaba fundamentada en la igualación de las rentas de la mayoría de la población a través de un robusto Estado del Bienestar y un sistema de negociación colectiva centralizado y solidario en el que los sindicatos jugaban un papel crucial. Esta parte del programa se desarrolló fundamentalmente desde los años 30 hasta finales de los 60. Y en esta fase tuvo un papel central Ernst Wigfors que en los años treinta ejerció de ministro de finanzas durante casi dos décadas. Aunque no es muy conocido fuera de Suecia sus textos de crítica al capitalismo y al marxismo son fundamentales para los suecos.
Los Fondos de Inversión Colectivos de los Trabajadores fueron una original e inteligente propuesta para crear un nuevo espacio entre el capital privado y el capital público- el capital colectivo- con el objetivo de democratizar la economía.
La base de la actuación política, económica y social de la socialdemocracia sueca desde los años treinta fue la consideración de que el cauce para transformar la sociedad capitalista no era la nacionalización de la economía, sino una planificación económica en la que junto a las políticas del Estado del Bienestar también debían intervenir los agentes privados. En esa planificación de la economía tiene un papel muy importante la democratización de la inversión bajo la idea de que no deben ser los cálculos privados sobre beneficios y pérdidas los que determinen el nivel de producción y empleo de un país, ya que eso nos lleva a una economía con crisis cíclicas que fundamentalmente pagan los trabajadores que quedan desempleados. Wigfors desarrolló políticas anticíclicas cuatro años antes de la publicación de la Teoría General de Keynes, que hicieron que Suecia fuese el primer país del mundo en adoptar las modernas políticas de estabilidad macroeconómica.
Es importante tener en cuenta que las exitosas medidas económicas y sociales de Wigforss permitieron que la socialdemocracia sueca permaneciera interrumpidamente en el poder durante más de cuatro décadas, hasta los años setenta.
Una Revolución Tranquila
La tercera y última fase, iniciada en la década de 1970 abordó la democratización de la economía. Si partimos de la consideración de que en el trabajo es donde las personas que formamos parte de la población activa pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra jornada, no podemos considerarlo un ámbito ajeno a la democracia. La socialdemocracia sueca no se ha caracterizado por un pragmatismo poco ideologizado, imagen que se ha podido transmitir de un país alejado geográfica y lingüísticamente del centro de las corrientes de pensamiento. Nada más lejos, Suecia a mediados de los años ochenta estuvo a punto de ser el primer país del mundo en transitar democráticamente del capitalismo al socialismo, en llevar a cabo una Revolución Tranquila.
Los Fondos de Inversión Colectivos de los Trabajadores fueron el pilar de la tercera fase del proyecto ideológico socialdemócrata de transformación social, que habría de permitir abandonar paulatinamente las relaciones productivas capitalistas y sustituirlas por unas relaciones productivas democráticas, esto es, socialistas.
La central sindical LO abrió el debate sobre la cogestión de las empresas entre los directivos y los trabajadores exponiendo abiertamente la propuesta de los Fondos de Trabajadores. A finales de los años setenta con los partidos burgueses en el gobierno, un congreso de la LO decide, para sorpresa del partido socialdemócrata, desarrollar el proyecto de los Fondos Colectivos de Trabajadores elaborado por los economistas Rudolf Meidner y Gosta Rehn, muy influenciados por las ideas de Marx, Keynes, James Meade y del propio Ernst Wigforss. Meidner y Rehn llegaron a la conclusión que los tres principales problemas de la economía sueca en aquel momento eran: 1) que se consumía más que se producía; 2) que las inversiones productivas eran muy bajas; y 3) que había un exceso de capacidad productiva en algunos sectores. Para mantener un crecimiento económico con altos niveles de empleo y baja inflación debía tenerse muy en cuenta la interrelación entre el bienestar social y la financiación empresarial.
Para ellos la primera causa de estos problemas era la excesiva acumulación del capital de Suecia en muy pocas familias, el latifundismo de capital, que frenaba la circulación del mismo e impedía financiar nuevas actividades productivas. En lugar de plantear una profunda nacionalización de la propiedad de gran parte de los medios de producción, que centralizaba en el Estado la gestión de gran parte de la actividad económica, como hicieron los laboristas británicos tras la 2ª Guerra Mundial, plantearon que la necesaria democratización de la inversión debía llevarse a cabo mediante instrumentos colectivos y descentralizados, los Fondos de Inversión Colectivos de los Trabajadores.
En las empresas de más de 100 trabajadores, estos accederían a parte del capital de sus propias empresas de forma colectiva a cambio de una moderación salarial que tenía como objetivo no lastrar competitivamente a esas empresas. Las decisiones sobre reinversión de beneficios, creación de empleo, esfuerzo en investigación y desarrollo, etc., tendrían que compartirse de forma creciente entre los trabajadores, los directivos y los accionistas capitalistas. Ello indudablemente haría que el único factor a tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones que definen el escenario estratégico de una empresa a medio plazo no fuera la mera rentabilidad cortoplacista del capital invertido.
La democracia social estaba fundamentada en la igualación de las rentas de la mayoría de la población a través de un robusto Estado del Bienestar y un sistema de negociación colectiva centralizado y solidario en el que los sindicatos jugaban un papel crucial.
A la vez se mantenía un marco descentralizado de toma de decisiones sobre qué producir, en qué cantidad y para quién, es decir, mientras el mercado seguía funcionando como asignador de cantidades y precios, la propiedad de los medios de producción se iría colectivizando progresivamente, no nacionalizando, de forma descentralizada. Lo que se llamó “socialismo de mercado”.
El SAP incorporó a su programa político el proyecto de los sindicatos y concurrió a las elecciones con él. En las elecciones de 1982 Olof Pame los defendió públicamente con tanto éxito, fue uno de los temas más debatidos en la campaña, que ganó las elecciones y los puso en marcha.
El Gobierno sueco aprobó en 1984 una ley, que estuvo vigente durante siete años, que repartía entre los trabajadores de las empresas suecas parte del capital de nueva creación. A cambio de una cierta moderación salarial con el objetivo de que no afectara a la competitividad-precio de las exportaciones suecas y evitar que ese dinero significara unos superbeneficios de los accionistas, la empresa estaba obligada a emitir nuevas acciones que se asignaban individualmente a los trabajadores, aunque eran gestionadas colectivamente mediante esos Fondos Colectivos. Cuando el trabajador se jubilaba recibía las acciones como parte de su pensión.
En 1991 el volumen total que habían alcanzado los Fondos de Inversión Colectivos de los Trabajadores en tan solo siete años era de 2.000 millones de euros, un 7% del total de las acciones cotizadas en la Bolsa sueca. No era nada descabellado imaginar que en unos cincuenta años los trabajadores suecos alcanzarían la mayoría del capital en gran parte de las empresas suecas.
Lo interesante de la original experiencia sueca, además de su tranquila gradualidad, es que fue capaz de vincular al socialismo con el incremento de la riqueza individual, no solo colectiva, lo que tuvo positivos efectos en el conjunto de la sociedad. En el periodo en el que los Fondos de Asalariados estuvieron vigentes el PIB per cápita de Suecia, según datos del Banco Mundial, se multiplicó dos veces y media, pasando de 12.914 $ en 1984 a 31.374 $ en 1991. Si el PIB per cápita sueco en 1984 representaba el 76% del PIB per cápita estadounidense, en 1991 era del 128%. El desempleo en Suecia en 1990 alcanzó la ridícula cifra del 1,7%.
Los Fondos de Inversión Colectivos de los Trabajadores fueron una original e inteligente propuesta que proponía crear nuevo espacio entre el capital privado y el capital público, el capital colectivo, con el objetivo de democratizar la economía.
