Si a cualquier estudiante de ciencias económicas se le pide que defina y ubique en el plan de estudios conceptos cómo “economía capitalista”, “poder”, “lucha de clases”, “distribución de renta y riqueza”, “sindicalismo” o “democracia económica” seguramente nos encontraremos con el decepcionante resultado de su desconocimiento o al menos de su identificación en los “márgenes” del tronco analítico central de la contabilidad, la economía de empresa, la micro y macroeconomía o la política económica. Con toda probabilidad se desconocerán profundamente corrientes de análisis económico y políticas alternativas cómo el postkeynesiano, institucionalista, neomarxista, regulacionista y radical, ecológico o feminista, de economía socialista o economía libertaria y autogestionaria, impulsadas solventemente por economistas tanto de fuera de nuestras fronteras , cómo también por multitud de economistas críticos de ámbitos académicos o sindicales en el propio Estado español.
Todo ello es, sin duda, una mala noticia. Sin embargo, pese a la tenaz voluntad de quienes detentan el poder académico y de discurso político en economía por marginar, esconder y silenciar dichas corrientes, la realidad es que la economía capitalista real -y desde luego las relaciones laborales existentes- aquellas que conoce cualquier persona trabajadora, se entienden principalmente con los conceptos antedichos, que se resumen en el título de este artículo, que a su vez da nombre a un curso de introducción a la economía , que a su vez se ubica en una de las corrientes citadas, de economía radical, fructífera para abordar los temas aquí planteados. En efecto, el sistema económico capitalista con sus aparatos políticos coadyuvantes, y máxime la empresa capitalista, se sustenta en lo que autores radicales denominan “dimensión vertical”, esto es, en el autoritarismo y el ejercicio del poder de los empresarios sobre los trabajadores y trabajadoras, de la patronal sobre la clase trabajadora, aspecto que condiciona y determina transversalmente las decisiones u organización de la producción, inversión y distribución entre salarios y beneficios.
Cómo posiblemente puede parecer muy abstracto y académico lo relatado hasta ahora, quizás con un par de ejemplos vividos sea posible engarzar la caracterización sistémica con la realidad económica y de las relaciones laborales.
En un caso de una mediana empresa del sector de los cuidados, sobre negociación de reducción salarial por dificultades financieras de liquidez y económicas de viabilidad, el economista de la empresa apuntaba que el peso de los salarios en la estructura de costes de la misma era muy superior al de otras empresas del sector, por lo que era imprescindible acometer la reducción salarial planteada a las trabajadoras. La respuesta de la parte social planteó que desde luego era así, pero porque la estructura salarial estaba desproporcionada por arriba, pues los cargos de dirección doblaban el nivel de salarios de referencia en la negociación colectiva sectorial, lo que implicaba que su reducción a nivel de convenio permitía cuasi-equilibrar las cuentas. Entonces se hizo el silencio en la sala y todas las presentes nos dimos cuenta que sin duda habíamos llegado al punto de expresión de un conflicto de poder, el clásico conflicto distributivo en el sistema capitalista entre salarios y beneficios -disfrazados de altos salarios- aplicado al caso recesivo de la crisis empresarial. Finalmente este conflicto se resolvió con la convocatoria de una huelga indefinida de toda la plantilla, que forzó efectivamente a la dirección a reducirse sus salarios a convenio sectorial cómo primera acción previa a evaluar otras medidas, entre otros elementos del pacto de empresa conseguido, relacionados con el control sindical productivo y económico.
Un sindicalismo fuerte implica mejores condiciones salariales, de empleo, protección social, equidad de género y defensa de la salud laboral, así como caminar hacia mayores equilibrios ecológicos.
En otro caso, un grupo empresarial del sector de la construcción de tamaño medio, planteó un despido colectivo de un tercio de la plantilla, en un contexto de muchos años de ingresos no declarados y contabilidad B, que en cualquier caso permitían la viabilidad empresarial. Este despido colectivo cómo caso paradigmático de “violencia del poder privado” utilizando términos que titulan una obra de Antonio Baylos, se tuvo que resolver judicialmente en el Tribunal Superior de Justicia, siendo ratificada la nulidad y readmisión de los despedidos por el Tribunal Supremo. A esta situación se llegó sin duda por una actitud patronal autoritaria. La postura empresarial en la negociación colectiva, defendiendo que concurría causa económica y productiva para el despido colectivo, mientras ganaban dinero de forma ilícita, desembocó en la judicialización del proceso. Se trataba pues del intento de imponer su poder de clase despidiendo a trabajadores cómo mecanismo para eliminar el sindicalismo combativo en la empresa.
Ni que decir tiene que, en general, la reacción sindical a las contrarreformas laborales impuestas vía parlamentaria, así como a las diferentes estrategias empresariales en casos concretos de reestructuraciones y despidos, algunos ya emblemáticos por implicar confrontación solvente ante deslocalizaciones productivas (Coca – Cola en Fuenlabrada, Celsa Atlantic en Gasteiz y Urbina, Zardoya – Otis en Mungia, etc.), nos ha dejado una pléyade de experiencias sindicales y de huelgas que bien analizadas nos ayudan para sintetizar algunas conclusiones de interés de cara al debate sobre la revitalización del poder sindical, aquel que efectivamente hace frente a la discrecionalidad del poder empresarial y patronal, elementos indisociables de la dinámica económica capitalista.
Es necesario pues que el sindicalismo combativo gane capacidad de intervención en sus múltiples dimensiones: afiliativa, militante y organizativa, programática, de capacidad de acción colectiva y confrontación con los poderes político-económicos hostiles a la clase trabajadora. Mientras que el voto ciudadano se está demostrando excesivamente voluble y escorado hacia el mantenimiento de mayorías parlamentarias que apuestan por la servidumbre al poder económico, en cambio la militancia y afiliación sindical siguen siendo la principal garantía para recuperar derechos, condiciones salariales y de empleo, consolidando orientaciones de políticas económicas que nos dirijan a mayores cotas de democracia económica y bienestar social. No en vano, múltiples analistas avalan que un sindicalismo fuerte implica mejores condiciones salariales, de empleo, protección social, equidad de género y defensa de la salud laboral, así como caminar hacia mayores equilibrios ecológicos.
Una mirada sistemática a estas reflexiones, propuestas y experiencias acumuladas, nos permite centrar algunas cuestiones fundamentales para caminar hacia una recuperación solvente del poder sindical. Sin ánimo de dejar fuera aspectos importantes, pero con objetivo de priorizar recogiendo el núcleo esencial de las fuentes imprescindibles de poder sindical, es preciso fijarse en cuatro pilares que dependen fundamentalmente del propio sindicalismo: negociación colectiva y política sindical; gestión del conflicto laboral, huelgas y repertorios de presión; política social, empleo y economía social; formación sindical, asesoría sindical y técnica, teniendo también cómo base de la arquitectura de un sindicalismo combativo, la financiación sindical.